Cartagena de Indias, joya del Caribe colombiano y patrimonio de la humanidad, vive una paradoja que parece sacada de un manual de descentralización mal aplicada: no es plenamente dueña de sí misma. Sus murallas, parques, coliseos, palacios y hasta sus playas están repartidos entre ministerios, entidades nacionales, sociedades privadas y el departamento de Bolívar. El resultado es una ciudad fragmentada, con jurisdicciones superpuestas y responsabilidades difusas que terminan por afectar a quienes deberían ser los principales beneficiarios: los cartageneros.
La situación es tan absurda como preocupante. El Parque Bolívar, corazón del centro histórico, no pertenece a la ciudad sino al departamento. El Palacio de la Proclamación, símbolo de la independencia, también está bajo otra administración. Las fortificaciones, orgullo mundial, dependen del Ministerio de Cultura. Incluso instalaciones deportivas como el Coliseo Bernardo Caraballo o el Rocky Valdés, que deberían ser patrimonio de la ciudad, están bajo control departamental. Esta dispersión de competencias genera un círculo vicioso: abandono, deterioro y falta de mantenimiento, que luego obliga a costosas intervenciones de emergencia.
El problema no es nuevo, pero sí urgente. La descentralización en Colombia, concebida para acercar el poder a las regiones, ha terminado en Cartagena como un laberinto de dueños y gestores que diluye la responsabilidad. Mientras tanto, los recursos derivados del uso de estos bienes tampoco llegan directamente a la ciudad, lo que agrava la inequidad y limita la capacidad de inversión local.
Por eso resulta alentador que alcalde y gobernador hayan reconocido la magnitud del problema y estén dispuestos a trabajar juntos en un plan de regularización. La lógica es simple y contundente: lo que está dentro de Cartagena, lo que usan los cartageneros, debe ser administrado por la ciudad. No se trata de excluir al Estado ni al departamento, sino de ordenar las competencias para que la gestión sea coherente, eficiente y cercana a la ciudadanía.
Cartagena necesita recuperar su soberanía urbana. No puede seguir siendo un mosaico de propiedades ajenas que se deterioran por falta de claridad administrativa. La ciudad merece ser dueña de sus patrimonios, de sus parques, de sus coliseos y de sus espacios públicos. Solo así podrá garantizar su conservación, su aprovechamiento y su disfrute pleno por parte de quienes le dan vida: sus habitantes.
La descentralización debe ser integral y real, no un rompecabezas que condena a las ciudades a la dependencia y al abandono. Cartagena, con su historia y su simbolismo, merece ser ejemplo de autonomía y buena gestión, no de fragmentación y olvido. Es hora de que cada quien tenga lo suyo, como manda la división política y administrativa del país. Porque una ciudad que no se pertenece a sí misma, difícilmente podrá construir un futuro sólido para su gente.
