Lo que vivimos en la audiencia del Senado sobre crisis tarifaria y justicia energética fue un auténtico déjà vu. Ese término francés que significa “ya visto” describe con precisión la sensación de volver a escuchar las mismas denuncias, las mismas promesas y las mismas frustraciones que desde hace casi una década acompañan a la costa atlántica.
Desde 2016, los gobiernos locales de Bolívar, Cartagena y otros departamentos han librado batallas contra el autoritarismo de las viejas empresas eléctricas, denunciando robos, falta de mantenimiento y la ausencia de reservas para reponer equipos. La historia se repite: primero se trasladaron los problemas financieros a las tarifas y luego, con el plan de desarrollo del gobierno Duque, se abrió la puerta para que Afinia y Aire cobraran pérdidas técnicas y no técnicas directamente en los recibos.
El resultado es el mismo que todos conocemos: familias que deben elegir entre comer o pagar la luz, carteles que lo gritaban en las calles y una región atrapada en un círculo vicioso de reuniones, foros y paneles que nunca desembocan en soluciones reales. La frase “bailar el indio” se convirtió en símbolo de esta danza interminable de promesas incumplidas.
Hoy, en vísperas de una nueva elección presidencial, la costa vuelve a poner sus esperanzas en que el próximo mandatario —sin importar el partido— sea el presidente de la solución. Que deje atrás la retórica y los conversatorios para asumir el compromiso de resolver de raíz un problema que amenaza con frenar el desarrollo regional, tal como ocurrió en otras épocas con el comercio o el monocultivo del café.
El llamado es claro: que los senadores costeños y los alcaldes se conviertan en dirigentes del partido de la solución, que exijan incluir la respuesta en el plan de desarrollo y que no aprueben un documento que ignore la crisis energética. Porque si no, amanecerá y veremos… y lo que veremos será otro déjà vu.
