Las afirmaciones recientes de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla sobre la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez como “la gran inversión del Gobierno Nacional” han generado molestia en Cartagena. Dirigentes locales y comunidades recordaron que este aeropuerto está bajo concesión privada desde hace más de dos décadas, y que las obras de modernización y ampliación hacen parte de las obligaciones contractuales del concesionario, no de recursos públicos.
La inconformidad ciudadana radica en que, mientras otras regiones del país han recibido proyectos de nuevos aeropuertos, Cartagena continúa con un terminal aéreo antiguo, operado por privados, sin garantías de un futuro aeropuerto moderno. La percepción general es que la ampliación actual prolongará la vida útil del Rafael Núñez y retrasará indefinidamente la construcción de un nuevo terminal.
Además, líderes comunitarios advierten que la ampliación trae consigo impactos negativos: el aeropuerto está incrustado en un barrio residencial, genera contaminación acústica y ambiental, y afecta la fauna de la Ciénaga de la Virgen. Vecinos enfatizan que se realizan trabajos sin licencia ambiental y que los tanques de combustible permanecen dentro del barrio, aumentando riesgos para la población.
La molestia aumenta porque, según los cartageneros, el Gobierno presenta como inversión nacional lo que en realidad es una contraprestación privada. “No es el Estado el que está poniendo los recursos, es el concesionario que busca recuperar su inversión”, señalan voces críticas.
En conclusión, la ciudad exige claridad y respeto: Cartagena no admite que se maquillen como inversión pública decisiones privadas que no responden a las necesidades de la región. La discusión sobre el futuro aeroportuario sigue abierta y la comunidad reclama un proyecto que garantice desarrollo real y sostenible para la capital del Caribe.
