Por Rodrigo Velásquez Ángel (*)
Política pública, mandato ciudadano y elección de rumbo
La política pública influye en todo lo que comes, en lo que ves, en cómo te movilizas, en la educación que recibes, en la calidad del aire que respiras, en los servicios de salud a los que accedes, en la seguridad de tu barrio, en las oportunidades de empleo que encuentras, en la tecnología que utilizas, en las actividades culturales y deportivas que disfrutas y, en última instancia, en la posición que ocupa tu país en el mundo. En mayor o menor medida, las decisiones públicas terminan impactando las dimensiones económica, social, cultural, educativa, demográfica, política, legal, institucional, tecnológica, ambiental, territorial, sanitaria, de seguridad, deportiva, geopolítica y energética de una nación.
Toda decisión de política pública pasa por un proceso. Primero se identifica un problema o una necesidad; luego se formula una alternativa de solución, se toma una decisión, se implementan las acciones correspondientes y, finalmente, se evalúan los resultados para corregir, ajustar o iniciar nuevamente el ciclo.
Hasta acá tenemos la política pública: la manera como se diseña y se pone en marcha a través de ese ciclo. Pero viene lo esencial: quién la ejecuta y quién, a través del mandato ciudadano, define a quienes la diseñan y la convierten en acción.
No obstante, antes de elegir uno u otro programa está el elector y su decisión.
Viene entonces la suma de los votos de las mayorías, que no solo expresa una preferencia política, sino que define quiénes reciben el mandato de conducir el aparato del Estado y ejecutar la política pública. Son esas mayorías las que, a través de sus ciudadanos, determinan quién maneja la chequera pública y cómo se distribuyen los recursos; qué tan decidida será la lucha contra el crimen; cuán efectiva será la prevención, investigación y castigo de la corrupción; qué tan accesibles y oportunos serán los servicios de salud y educación; qué infraestructura se construirá; cómo se garantizará el acceso y la seguridad energética que sostiene todas las demás dinámicas del país; y, en general, cuáles serán las prioridades para atender las necesidades básicas insatisfechas y promover el desarrollo económico y social. En últimas, votar es decidir quién administra los recursos colectivos y bajo qué principios se gobierna una sociedad.
Ningún gobierno ha sido o será perfecto en sus esencias éticas y políticas: toda decisión pública implica tensiones, porque unas medidas favorecen a ciertos sectores y afectan a otros. Sin embargo, la elección no puede hacerse desde la urgencia del “pan de hoy”, sino desde la construcción del “mercado de mañana”, es decir, desde la capacidad de pensar el futuro colectivo con criterio y no desde la inmediatez o la vanidad.
Nos jugamos en cada elección la orientación del país en dimensiones clave como la economía, lo social y lo cultural; la educación y la formación del capital humano; la política, lo legal y lo institucional; la ciencia, la tecnología y la innovación; el ambiente y el territorio; la salud y el bienestar; la seguridad y la lucha contra el crimen y la corrupción; la infraestructura; el deporte como cohesión social; la inserción geopolítica del país en el mundo; y la capacidad energética que sostiene y condiciona todas las demás. En últimas, no se trata solo de quién administra el presente, sino de quién es capaz de estructurar, con visión de largo plazo, las condiciones de vida de la sociedad en todas sus dimensiones.
Al final, la decisión no es menor ni abstracta: es una elección entre rutas de país que condensan pasiones distintas frente al poder, el orden y la transformación. De un lado, la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, que representa una visión de mano firme, tecnocrática, de restauración del orden, eficiencia del Estado y defensa de la autoridad como eje del progreso. Del otro, la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué, que encarna la continuidad de procesos de paz, el reconocimiento de lo ancestral, la ampliación de derechos y una lectura particular del conflicto y de la sociedad.
Más allá de los nombres, lo que se confronta son dos imaginarios de futuro: uno que prioriza la disciplina institucional como base de estabilidad y otro que entiende la transformación como un proceso histórico de inclusión y reparación.
En ese contexto, la decisión ciudadana en Colombia no es un gesto simbólico, sino una orientación de rumbo. El lunes 15 de junio comienzan las elecciones en el exterior y concluyen el próximo domingo 21 de junio en Colombia. Ya sabemos qué es la política pública y quién decide quiénes reciben ese mandato. Llegó la hora de la realpolitik. La hora de elegir quién va a ejecutarla. No se trata de votar desde los apegos, sino desde las consecuencias. Elegimos entre el país milagro o la paz total.
