Por Danilo Contreras

El 19 de junio Gustavo Petro obtuvo 268.863 votos en Cartagena, equivalentes al 67.46%, frente a 121.027 votos a favor de Rodolfo Hernández que corresponden al 30.36%. No hay que ser politólogo para interpretar que en nuestra sociedad bulle un anhelo profundo de transformaciones frente a los malos gobiernos que vienen generando empobrecimiento, exclusión y caos urbano.

La votación de Petro en Cartagena corresponde con una masa ciudadana libre, independiente y crítica que ya ha tenido expresión en otros comicios y que demuestra que es sensible ante un programa político que plantee cambios genuinos. Quien crea que tiene escriturada esa votación incurre en grave error.

Estas circunstancias merecen una reflexión sincera de parte de todos los estamentos sociales, políticos y económicos de la ciudad si es que queremos estar a la altura del pueblo que ha reclamado un giro definitivo a la manera como se ha concebido el desarrollo y la política en Cartagena.

Afortunadamente el discurso del presidente electo llamando a la reconciliación, a la necesidad de que todos aportemos a la justicia social y a la lucha contra la corrupción, ha producido un clima propicio al diálogo y la concertación que contrasta con la pugnacidad que caracterizó la campaña. En buena hora.

En ese contexto hace un par de días El Universal dio a conocer las solicitudes de los gremios económicos de la ciudad al presidente Petro, quienes se adelantaron en la reacción a los restantes sectores sociales y políticos que apenas se han pronunciado sobre los retos que tiene Cartagena y Bolívar frente al nuevo gobierno.

Proyectos como la APP del canal del Dique, Protección Costera, Plan Maestro de Drenajes Pluviales, recuperación de la Ciénaga de la Virgen e inversión en infraestructura y construcción de viviendas nuevas, se encuentran en la agenda de las élites económicas locales.

Nada innovador si se considera que estos han sido algunos de los proyectos en carpeta que han ocupado el panorama del desarrollo local y que no han podido ser materializados por física incapacidad, y en muchos casos por corrupción, de sucesivas administraciones.

Ahora bien, pese a que los mencionados proyectos son inaplazables, es menester que dentro del propósito de cambio que a todos embarga, las élites locales realicen un auto examen respecto de la responsabilidad que les cabe en relación con el estancamiento de las mencionadas iniciativas, en particular, el enfoque mediocre y segregador con que se han concebido estos proyectos.

Para sustentar mi punto de vista me centraré en el proyecto de recuperación de la Ciénaga de la Virgen por concentrarse en su zona de influencia uno de los segmentos de población más vulnerable de la ciudad. Al respecto el director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar expresó: “Es necesario sacar adelante el proyecto de restauración integral de la Ciénega de la Virgen (Vía Perimetral, Bocana, drenajes de cuencas de la ciénega y reasentamientos). Hay consenso en que el proyecto no se puede presentar como una vía, sino como ambiental y social”, reseña la nota de El Universal.

El Parque Distrital Ciénaga de la Virgen es uno de los macroproyectos previstos en el POT que “Se constituye en el elemento fundamental del Modelo de Ocupación del Territorio en torno al cual se desarrollará parte de la ciudad actual y la ciudad futura” (subrayas fuera del texto), conforme se lee en el artículo 96 de dicho cuerpo normativo.

Sin embargo, la élites económicas locales que ahora reclaman su ejecución, deben realizar previamente un sincero mea culpa frente a la depredación que sus proyectos turísticos e inmobiliarios le vienen causando a este valioso cuerpo de agua, y deben reconocer la manera excluyente como han estructurado las iniciativas que definirían la materialización de Parque y la restauración ecológica de la Ciénega, puesto que a la fecha solo se avizora un proyecto de “Malecón” que los gremios impusieron a un alcalde que desconocía y desconoce los pormenores de los problemas de la ciudad, en un plan de desarrollo que es un “copy and paste” del documento “Cartagena Sostenible 2033” elaborado por Findeter y el BID a instancias de los gremios, sin la participación real de Juntas de Acción Comunal de la zonas de influencia, las organizaciones sociales de base y los vecinos.

Es tan cierto el desconocimiento de las visiones de la gente en los territorios, que la actual administración impugnó el fallo de acción popular emanado del Tribunal Administrativo de Bolívar que le ordena al distrito la implementación de los planes parciales que se gestaron en el seno de las comunidades en un proceso participativo sin precedentes. Ahora, la misma comunidad, a través de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Localidad 2 y de la Sociedad Colombiana de Urbanistas  le ha pedido al alcalde Dau declarar “la ineficacia del trámite para la actualización del POT”, habida consideración que el proceso “carece del acompañamiento obligatorio y la participación del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial” que es la única manera como se puede garantizar que los enfoques de las comunidades afectadas puedan ser tenidos en cuenta.

Ante estos justos reclamos, las élites locales suelen acusar a las comunidades organizadas y a sus líderes como enemigos del desarrollo.

Además, han querido imponer el denominado “Fondo para la erradicación de la pobreza extrema en Cartagena” previsto en la ley 2038 de 2020, denominada por la sabiduría popular como la “Ley del Despojo” por la manera como se proyectaban desde ese instrumento legal la ejecución de proyectos como la recuperación de la Ciénaga de la Virgen y la rehabilitación de su zona de influencia a través de una especie de club de amigos y conocidos dedicados a contratar a dedo las obras. Afortunadamente las comunidades organizadas se decidieron a combatir dicha iniciativa y hoy podemos decir que esa ley es “letra muerta”.

Entonces, cuando las comunidades y sus organizaciones escuchan hablar de “reasentamientos”, inmediatamente viene a la memoria de los negros y empobrecidos que habitan la zona suroriental, los recuerdos amargos de las barriadas populares erradicadas de Pekín y Boquetillo o Chambacú, de donde se les expulsó para dar paso a un progreso mal entendido e injusto.

El “Malecón de la Ciénega”, tal como se lo impusieron al alcalde Dau en su Plan de Desarrollo es tanto como poner una lujosa alfombra persa sobre un barrizal. Lo que el buen sentido indica es que primero hay que solucionar lo del barrizal para luego tender la alfombra; y el barrizal se arregla restaurando los ecosistemas y saneando los entornos de la Ciénega de la Virgen donde habitan los cartageneros y cartageneras más necesitadas.

Un enfoque de transformaciones justas y de desarrollo con inclusión debe empezar por desmontar el mito de que las 25 mil familias y viviendas ubicadas en zona de riesgo de inundación de que habla el Plan 4C (también elaborado por las élites locales sin la necesaria consulta a las comunidades de base), que en su mayoría se encuentran en la zona suroriental de la ciudad, deben ser reasentadas, seguramente en guetos como los que se han ido construyendo en las goteras de la ciudad, para dejar el terreno libre a los nuevos mega – urbanizadores que ya han puesto los ojos en las 3.300 hectáreas que conforman el Macroproyecto Parque Ciénega de la Virgen.

Esta concepción que carece de asidero científico debe cambiarse por un modelo de desarrollo nuevo que prevea la realización de las grandes actuaciones urbanísticas con la gente nativa del territorio permaneciendo y disfrutando de las riquezas y plusvalías que pueda producir el mismo.

Por eso es necesario empezar por abandonar la mediocridad de proyectos sastre elaborados a la medida de quienes están poseídos por los mezquinos intereses de la ganancia a cualquier costo, sin prever los impactos sociales que han destruido el tejido social de la ciudad.

Es preciso adaptar el territorio a los rigores del cambio climático con fundamento en la ciencia, la innovación y la tecnología que existe en el mundo para casos de ciudades costeras como la nuestra y mejorar los hábitats de la población en sus lares nativos, con titulación de predios, saneamiento básico, vías, drenajes pluviales, acueducto, provisión de espacios públicos y verdes para el encuentro y mobiliario urbano que los dignifique.

El desarrollo no puede seguir pensándose previa la expulsión de los vulnerables, sino con ellos incluidos, para dignificarlos y hacerlos participes de la producción de la riqueza.

Bienvenido el diálogo, previa la reflexión sobre lo que hemos estado haciendo mal, pues si el listado de obras de que hablan los gremios se acomete sin estas consideraciones, la invocación del cambio no pasará de ser una hipocresía.    

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