Por Danilo Contreras

En Cartagena y Bolívar ningún ciudadano, de cualquier estrato, escapa a los abusos e injusticias en que incurre AFINIA con la población, cobrando más allá de lo que la Constitución y la ley permiten.

Conocimos del fracaso de Eletricaribe en la prestación del servicio de energía y de la manera leonina como se negoció la salida de dicha empresa para permitir la entrada de Afinia que adquirió el “chicharrón” por valores inferiores a los del mercado. Una “ganga”.

Otras ventajas fueron establecidas por parte del gobierno indolente y corrupto de Iván Duque, que en la ley 1955 de 2019 permitió que los “robos de energía” pudiesen cobrarse a los usuarios honestos. Así las cosas, la ley referida dio pie para que las nuevas empresas prestadoras del servicio de energía en el Caribe unificaran bajo el concepto de “perdidas técnicas”, consumos que no son atribuibles a lo que gastan los ciudadanos que no hacen trampa. Vale decir, los justos pagan por pecadores.

La ley 142 de 1994 determina en sus artículos 87 y 94 los criterios para establecer las tarifas y recuperar las pérdidas de energía que son comunes en la prestación del servicio. Ninguna de tales reglas, ni mucho menos los principios constitucionales, autorizan para que al usuario honesto se le pueda cobrar la energía que otro “robo”, con tal de salvar las pérdidas de la empresa por ese concepto.

Ante la injusticia y gravedad de las desproporcionadas tarifas que se viene cobrando a los ciudadanos de Cartagena y Bolívar, hemos interpuesto acción de tutela contra Afinia y el Ministerio de Minas y Energía, a nombre de una ciudadana que ha visto afectado su mínimo vital, su derecho fundamental a acceder a los servicios públicos y la garantía de la buena fe en el ejercicio de las relaciones jurídicas que establece la Constitución en favor de todo ciudadano.

Establecimos con el análisis de las últimas 21 facturas cobradas por Afinia a la accionante, que es una señora de la tercera edad, que el costo unitario del kilovatio hora se incrementó en un 41.64 % en dicho periodo, destacándose los incrementos de las denominadas “perdidas técnicas” que se elevaron en un 267.88%, en tanto que el rubro referido a “comercialización” se incrementó en 22.70%, siendo que en otras ciudades de país tales incrementos NO han tenido lugar.

En comparación con Antioquia donde EPM, casa matriz de Afinia, es la responsable de la prestación del servicio, un usuario en Cartagena y Bolívar paga por concepto de “comercialización”, más del doble de lo que paga allá cualquier usuario. No hay razón válida para tal abuso.

No hay duda de que las formulas habilitadas por el gobierno anterior y la CREG, para la estructuración de la tarifa que pagamos mensualmente, son la legalización de una expoliación que afecta garantías constitucionales de los ciudadanos del Caribe. En consecuencia, hemos solicitado en tutela que se impida el cobro de lo NO debido, sobre todo en lo atinente a consumos que en realidad NO ha realizado el usuario honesto, para lo cual es menester inaplicar las fórmulas tarifarias que autorizan a Afinia a cobrar lo que NO hemos consumido. Esto no solo es posible jurídicamente, sino imperativo en perspectiva constitucional de garantía fundamentales.

Contrario a lo que permiten las fórmulas establecidas por la CREG, el artículo 87 de la ley 142 de 1.994 señala “que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente…” y sabemos, por conceptos de expertos adjuntados a la acción de tutela referida, que El 70% de los usuarios del mercado de AFINIA pagan dentro de sus tarifas de energía el equivalente al 34% mientras que las cinco principales empresas comercializadoras de energía en el interior del país (ENEL, EPM, ESSA, ENS, EMCALI) tienen una media de solo el 7.31%” respecto del cobro de pérdidas de energía.No hay razón jurídica válida para que Afinia nos trate como hijos de menos madre.

Estos abusos que incrementan exageradamente el valor de las facturas que pagamos por la energía, afectan el mínimo vital de los hogares de Cartagena y Bolívar. Esta no es una especulación o una apreciación subjetiva, sino una consideración objetiva respaldada en cifras oficiales. En ese sentido un reciente informe del DANE señaló que: “El IPC en la división de alimentos fue de 25,57%, en servicios llegó a 6,74%, para llevar así la inflación total a niveles de hace 23 años”. Cada peso de incremento injusto de la tarifa de energía redunda en disminución de los recursos del hogar para comprar comida, circunstancia grave en una ciudad y un departamento que, según las estadísticas, esta acosada por el hambre y la pobreza.

Esta crisis NOS obliga a pensar otros escenarios posibles en cuanto a energías sostenibles a fin de que la expoliación por su consumo NO se prolongue.

Europa produce hoy el 38% de la energía que consume vía energías limpias. Dinamarca que hace ya un tiempo optó por energías sostenibles, ya cuenta con el 50% de la energía que consume el país con origen en fuentes alternativas, al tiempo que se va demostrando que la energía limpia es menos costosa que la convencional.

Debemos destacar que ya es tendencia en los países europeos que las comunidades generen, gestionen y controlen sus consumos de energía de manera local, a través de fuentes solares o eólicas, entre otras, para lo cual las comunidades vienen organizándose. Así las cosas, no es extraño encontrar que edificios de apartamentos, o pequeñas granjas familiares, produzcan la energía que consumen con paneles solares o torres eólicas.

La humanidad está demostrando que es posible un tránsito ágil al consumo de energías limpias. Nosotros también podemos construir políticas públicas que fomenten la sostenibilidad energética si tenemos disposición de apertura para los cambios que impone la era moderna. 

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