Dos veedores en la ciudad de Cartagena están buscando amparo y protección ante la Unidad Nacional debido al litigio que se viene afrontando en esta capital por el despojo que pretenden con la familia Hernández. Así lo hizo saber el abogado y presidente de la Veeduría Popular por Cartagena, Héctor Pérez Fernández quien señaló además que junto al otro veedor Carlos Bossa desde hace ya dos meses se vienen adelantando las diligencias ante el organismo nacional debido a intimidaciones y amenazas que se han desprendido de este lío de tierras en la zona de Bicentenario.

Pérez Fernández manifestó que se han realizado unas visitas para establecer el esquema de seguridad y ya se tienen diligenciados los formularios pertinentes. “Todo esto obedece al despojo de tierras de la familia Hernández en la zona de Bicentenario y otros barrios; y de tanta manipulación en los organismos judiciales como los inspectores de policía, fiscalía y jueces”, sostuvo el veedor quien destacó con nombres propios y apellidos uno de los inspectores que es el de Arroyo Grande, el señor Arrieta De Ávila.

Al respecto precisó que un fallo de tutela que no se ha cumplido desde hace un año ha encendido las alarmas en esta zona pues se desconoce la orden y el hecho de que se debe reiniciar el proceso de inspección de policía y reintegrar todo a fecha 12 de enero de 2018. “Esto quiere decir que deben reintegrar a los Hernández en parte de la tierra y no en todas. Es este mismo inspector el que el año pasado le entregó parte de las tierras a la Fundación Santo Domingo”, explicó el veedor.

Pérez Hernández dejó claro que con el inspector de policía en mención no hay garantías de transparencia para el proceso y es por esta razón que será denunciado penalmente. “La nueva demanda será instaurada por enriquecimiento ilícito y daremos a conocer toda la sinvergüenzura de inspectores como el señor Arrieta porque la gran mayoría son iguales a él”, puntualizó.

El veedor precisó que es necesario que cuanto antes actúe el Secretario del Interior David Múnera quien hace caso omiso a este llamado y se hace necesario que se abran los respectivos disciplinarios. “Estamos adelantando una diligencia en procura de que se alleguen las autoridades respectivas a la Oficina de Registros Públicos de la ciudad, notarías y entidades. Las primeras ordenes de captura contra los inspectores de policía se podrían estar dando entre febrero y marzo del próximo año y funcionarios de la Oficina de Registros y personas que han sido cómplices para el despojo de las tierras de las negritudes en la ciudad”, precisó el veedor.

Finalmente, señaló que las denuncias continúan y no se le pondrá freno a esta actividad que se viene realizando y “no podemos permitir que los llamados poderosos manipulen las instancias judiciales y las entidades públicas para no atropellar el derecho de las negritudes en la ciudad”, concluyó Pérez Hernández.

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