En Colombia y en el mundo, la desigualdad y la pobreza son realidades que nadie oculta. Son fenómenos estructurales que han sido estudiados y reconocidos, y que ocupan la primera plana de la agenda global. Los gobiernos, en sus planes de desarrollo, insisten en reducir estas brechas y en generar oportunidades para los más necesitados. Sin embargo, reconocer la existencia de la pobreza no puede convertirse en un argumento para justificar el crimen.
La delincuencia, el vandalismo y el pandillismo no son respuestas legítimas a la carencia. El ser humano, por naturaleza, está llamado a respetar la norma y a convivir en sociedad. Pretender que la falta de recursos autoriza a delinquir es un error que distorsiona el debate público y debilita la confianza ciudadana. El hambre y la desigualdad son problemas que deben resolverse con políticas sociales, no con la aceptación tácita del delito.
Resulta preocupante que algunos discursos mediáticos suavicen la responsabilidad del delincuente, trasladando la culpa exclusivamente al Estado. Cuando ocurre un crimen, el primer responsable es quien lo comete. El reproche social, ciudadano y mediático debe dirigirse hacia el autor del delito, sin perder de vista que el Estado tiene obligaciones, pero no puede ser el único señalado. No es posible tener un policía en cada esquina, ni justificar la ausencia de control como licencia para delinquir.
La política criminal debe ser clara: reconocer las causas sociales de la desigualdad, pero sin convertirlas en excusas para el delito. El Estado debe trabajar en prevención y oportunidades, sí, pero la sociedad debe mantener firme el principio de que el crimen nunca es justificable. Solo así se fortalece la convivencia, la legitimidad institucional y el respeto por la ley.
