En Colombia, la política criminal ha estado marcada por una obsesión: aumentar las penas y multiplicar los delitos en el Código Penal. Se ha creído que la severidad de las sanciones es suficiente para disuadir al delincuente. Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario: lo que realmente importa no es el tamaño de la condena, sino la certeza de que esta se impondrá.
La gran debilidad del sistema penal colombiano es la impunidad. El país ha engordado su legislación, pero ha descuidado lo esencial: garantizar que quien comete un delito sea efectivamente sancionado. El resultado es un círculo vicioso en el que la ciudadanía percibe que delinquir no tiene consecuencias. Esa percepción se convierte en certeza, y la certeza en hábito.
Ejemplos cotidianos lo ilustran con crudeza: mototaxistas que cruzan semáforos en rojo sin temor a ser castigados, conductores que invaden andenes o cebras frente a la mirada impotente de las autoridades. Incluso cuando hay capturas, la frase popular se repite como un mantra: “mañana estará nuevamente en la calle”. Esa es la radiografía de un sistema que falla en su misión principal: sancionar al infractor.
La inseguridad que hoy padecen las ciudades no se explica únicamente por la falta de policías o fiscales, sino por la ausencia de resultados concretos en los procesos judiciales. Los planes, programas y proyectos se diluyen en trámites interminables, en instituciones que defienden sus feudos, y en una justicia que no logra ser eficaz.
La discusión sobre descentralizar la justicia y otorgar mayor poder a los alcaldes refleja la urgencia de encontrar soluciones. Hoy, los mandatarios locales cargan con la responsabilidad de la seguridad sin tener herramientas reales para garantizarla. No nombran jueces, no nombran fiscales, no controlan a la policía. Y mientras tanto, la ciudadanía vive atrapada en la paradoja de un país con leyes abundantes pero condenas escasas.
El verdadero problema de Colombia no es la falta de normas ni la dureza de las penas. Es la certeza —o más bien la ausencia de ella— de que el delito será castigado. Mientras esa certeza no exista, la impunidad seguirá siendo el combustible de la inseguridad, y la justicia continuará siendo una promesa incumplida.
