En Colombia los problemas parecen eternos. Se convierten en rutina, en paisaje, en tema de conversación, pero nunca en soluciones. El caso de los peajes es el ejemplo perfecto: décadas de quejas, protestas, burocracia y promesas incumplidas, mientras la ciudadanía sigue pagando tarifas injustas.
El absurdo es evidente: vías que deberían ser espacios públicos terminan privatizadas, convertidas en negocio para concesionarios que cobran lo mismo a quien recorre 200 metros que a quien viaja 100 kilómetros. La lógica se pierde, la indignación se acumula y la desobediencia civil se legitima. Nadie quiere pagar peajes, nadie los acepta, y sin embargo ahí siguen, multiplicándose como si fueran inevitables.
La paradoja es aún más irritante cuando el mismo Estado construye carreteras gigantescas sin cobrar un peso, pero en otras regiones entrega las vías a privados para que las exploten “eternamente”. ¿Cuál es la coherencia? ¿Cuál es la justicia?
El peaje de Turbaco, con más de diez años de disputa, es símbolo de esa incapacidad de resolver. Cambian los dueños, cambian los concesionarios, cambian los discursos, pero el problema permanece intacto. Mientras tanto, comunidades enteras pagan por recorrer apenas unos metros, como si la movilidad fuera un privilegio y no un derecho.
Cartagena demostró que sí se puede desmontar peajes de manera inmediata y efectiva. Ese debería ser el modelo a seguir, no la excepción. El país necesita coherencia, valentía y voluntad política para acabar con esta burocracia que eterniza los problemas y convierte la movilidad en un negocio privado.
El problema de los peajes no es solo económico, es también cultural y político. Se ha normalizado tanto que pareciera que la ciudadanía debe resignarse a pagar por un derecho básico: transitar libremente por el territorio. Esa resignación es peligrosa porque perpetúa la injusticia y fortalece un sistema que convierte la movilidad en mercancía. Mientras tanto, los gobiernos se escudan en tecnicismos y contratos, dejando a las comunidades atrapadas en un círculo vicioso de inconformidad y silencio oficial.
Lo urgente es romper esa inercia. No basta con protestar ni con escribir diagnósticos interminables: se necesita acción concreta, decisiones firmes y un modelo coherente que garantice que las vías sean realmente públicas. El ejemplo de Cartagena demostró que cuando hay voluntad política, los peajes desaparecen. El país no puede seguir atrapado en la burocracia de lo improbable; debe avanzar hacia soluciones reales que devuelvan a las carreteras su carácter de bien común.
