La Administración Municipal, en cabeza de la alcaldesa Claudia Espinosa Puello, manifestó su rechazo absoluto frente a los actos de vandalismo registrados en el sector de Villa Mayra, donde personas ajenas a la comunidad han destruido la tubería que conduce las aguas residuales hacia la planta de tratamiento del Country.
Estos hechos, además de ser injustificados e ilegales, ponen en riesgo la salud pública y el bienestar de los habitantes del sector. Se ha comprobado que los tubos fueron partidos y sellados con cemento, afectando el avance de las obras que buscan dar una solución definitiva al vertimiento de aguas residuales.
La alcaldesa recordó que el proyecto aún está en ejecución y que se trabaja con compromiso para culminar la conducción del vertimiento hacia el Country. Asimismo, reiteró el llamado a la comunidad para que colabore y denuncie a los responsables de estos actos.
“Hoy les pido encarecidamente que denuncien quiénes son las personas. Hay una recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte información veraz que permita identificar a los responsables”, expresó la mandataria.
La Administración ha caracterizado a las familias del sector en más de 15 ocasiones, ofreciendo alternativas de reubicación temporal mediante subsidios de arriendo. Solo dos familias han aceptado y ya fueron trasladadas.
Se advierte que los actos de vandalismo serán judicializados, y ya se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, acompañadas de fotografías de los presuntos responsables.
La alcaldesa Espinosa Puello enfatizó que no se permitirá más daño a la infraestructura pública, y que quienes insistan en obstaculizar el progreso deberán asumir las consecuencias legales.
“La comunidad debe entender que estos actos no solo retrasan las obras, sino que ponen en riesgo la salud de todos. Las aguas residuales podrían correr por los sectores si no se permite culminar el trabajo”, puntualizó.
La Alcaldía de Turbaco reafirma su compromiso con el bienestar de los ciudadanos y hace un llamado a la unidad y responsabilidad colectiva para proteger las obras que buscan mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.
