El reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre la inversión en obras de protección contra inundaciones en Bocagrande y Castillogrande abre un debate necesario, pero también revela una visión parcial que merece ser cuestionada.
Es cierto que la adaptación al cambio climático no puede convertirse en un privilegio exclusivo de sectores de alto poder adquisitivo. Sin embargo, plantear la inversión en infraestructura costera como un “subsidio al revés” ignora dos realidades: primero, que Bocagrande y Castillogrande son polos turísticos y económicos cuya afectación tendría repercusiones nacionales; segundo, que la protección de estas zonas no es un lujo, sino una necesidad estratégica para Cartagena y para Colombia.
La discusión no debería reducirse a un dilema entre proteger barrios ricos o salvar barrios pobres. Cartagena enfrenta una amenaza común: el aumento del nivel del mar. La política pública debe ser integral, con planes que incluyan tanto la defensa de sectores estratégicos como la inversión urgente en los 20.000 hogares vulnerables que el presidente menciona. Oponer una obra a la otra es caer en una narrativa de exclusión que no ayuda a construir consensos ni soluciones sostenibles.
Más aún, el señalamiento presidencial parece desconocer que la valorización es solo uno de los mecanismos posibles de financiación, y que la responsabilidad del Estado frente al cambio climático no puede limitarse a cobrar a los propietarios beneficiados. La crisis climática exige inversión pública, cooperación internacional y planificación urbana seria, no discursos que dividan a la ciudad entre privilegiados y olvidados.
Cartagena necesita un liderazgo que convoque a la unidad frente a la emergencia ambiental, que garantice justicia social sin sacrificar la protección de sus motores económicos. La verdadera discusión social no es si se protege Bocagrande o los barrios populares, sino cómo se construye una estrategia que salve a toda la ciudad de quedar bajo el agua.
