Por Rodolfo Díaz Wright

En mi aventura otoñal de estudiante de Derecho, en la Universidad de Cartagena, me tocó iniciar a mis 53 años, acompañado de 90 primíparos con edades entre los 16 y los 20 años, quienes, con disimulo se burlaban de mi murmurando entre dientes: “loro viejo no da la pata”. 

Después de terminado el primer año de Romano, Civil y Constitucional, nos tropezamos en segundo año con el Derecho Penal y ahí fue cuando iniciaron, en realidad, las decisiones, los amores y los desamores. Ahí arrancó el “ay mamita mía”, las deserciones y poco a poco, comenzamos a escuchar a estudiantes que se desentendían y evadían las complejidades del Derecho Penal, con una sentencia lapidaria: yo no voy a ser penalista. O, allá los que van a ser penalistas.

Esta mirada desinteresada y sesgada  al derecho penal, es lo que explica que, en Colombia, país de 355 abogados por cada 100000 habitantes y 100 facultades de derecho, las estadísticas muestran que, de 7800 abogados especializados en los últimos 5 años, el 37% lo haya hecho en derecho Comercial, 35% en Derecho Laboral, el 24% en Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo y el restante 4% se distribuye entre las otras 30 o más ramas del derecho, de las cuales tan solo 200 se especializan en Penal. Esto también explica porque de los 91 que comenzamos juntos en mi otoño feliz, del segundo semestre de 2003, en el emblemático Abraham Lincoln, tan solo uno, se haya especializado y tenga maestría en derecho penal.

Pero si esto extraña, seguramente extrañará más que, en este país, cuando se produce una sentencia de un juez o un tribunal en un caso penal, aparecen inmediatamente 48 millones de abogados penalistas a pontificar, analizar y explicar los intríngulis jurídicos, los obiter dictas y las ratios decidendis de la sentencia, para finalmente terminar, como todas las cosas en este terruño, divididos en dos o como dicen ahora: polarizados -como los carros-. Obviamente, es apenas lógico que los 48 millones de colombianos se expresen ante noticias relevantes, e impactantes, que opinen y hagan uso del derecho constitucional, consagrado en el artículo 20 superior, a expresar libremente su pensamiento. No faltaba más.

En realidad, el Penal es el derecho por antonomasia, es además el derecho vocacional que motivó a los 400000 abogados en la historia del país, a que se decidieron por esta profesión.  Crecimos viendo películas y novelas con grandes juicios y grandes abogados defensores y acusadores, como protagonistas. Así que no es raro que el tema lo discutamos y nos entusiasme tanto. Hay, lógicamente, otro detalle del Penal que lo hace impactante y de mucho interés para todos: sus decisiones afectan seres humanos, personas, familias, sociedades y, generalmente, lo que nos afecta como humanos, genera crisis, tragedia y dolor.

Es comprensible entonces que una condena a dos miembros de nuestra sociedad, impacte, preocupe, genere solidaridad y, obviamente, divida las opiniones y los sentimientos de un grupo humano que, desde hace rato, no recibe más enseñanzas que las de la división, el resentimiento, el odio, la injusticia, el abuso y el irrespeto.

Somos un grupo humano con una gran tradición de violencia y odio, que cada día recibe de sus gobernantes, mensajes de irrespeto a las leyes, la constitución y la institucionalidad y cuya respuesta, a las débiles voces de protesta, que a veces se dejan escuchar, son la burla, el maltrato, más impuestos y más división.

Entendemos a quienes expresan su solidaridad y apoyo a los caídos en desgracia. Si hay algo duro y difícil en esta vida, es estar sometido a las vicisitudes de un juicio penal o una condena, en un país como Colombia, con un sistema judicial voluble, cuestionado e incierto y un sistema carcelario inhumano e indigno. 

Entendemos a quienes apoyan a jueces y magistrados que, en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, deben tomar estas duras decisiones contra sus semejantes, so pena de ser cuestionados, procesados y condenados, acusados de inaplicación de la normatividad, prevaricato y toda una serie de linduras, del grueso catálogo penal colombiano.

Nadie sabe lo difícil, delicado y angustioso que es para un juez o un magistrado, después de largos años de estudio y preparación, después de leer y analizar miles de folios de gruesos expedientes, escuchar cientos de testigos y confrontar muchas pruebas, decidir, sin más compañía que la de su conciencia, y llegar a la certeza, más allá de toda duda, sobre la culpabilidad o inocencia de un semejante.

Los justos e inocentes no debemos preocuparnos: a pesar de nuestras tragedias, aun nos queda un restico de humanidad y cordura. Nuestro sistema, en medio de todas sus penurias está hecho para cumplir el mandato de Ulpiano de “dar a cada quien lo que merece”. Es garantista ya que presume la inocencia. En caso de duda favorece al reo. Ofrece dos instancias procesales e impugnación especial o casación.  Aplica la ley favorable y, finalmente, en caso de condena, ofrece subrogados penales.

A los que se burlaban socarronamente de mi, les recordaba la frase de Rousseau: “la juventud es el momento de estudiar la sabiduría…  la vejez el momento de practicarla”.

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