El adagio popular reza que ‘soldado avisado no muere en guerra’. Desde hace varios meses le fue advertido al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, que asumiera un serio compromiso frente a las construcciones ilegales en la ciudad y la torre del complejo VIS Aquarela Multifamiliar.
Iván Darío Gómez Lee, procurador delegado para la Conciliación Administrativa, fue asignado por el representante del Ministerio Público, Fernando Carrillo, para la elaboración del respectivo informe que condensara la situación que ha afrontado la ciudad de cara a las edificaciones ilegales del clan de los Quiroz y lo que ha ocurrido, hasta hoy con el edificio Aquarela.
Junto con la entrega del informe, el funcionario Gómez Lee, solicitó en su calidad de Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, comenzar, si se considera pertinente, la respectiva acción disciplinaria e indagación preliminar. Desde ya ha comenzado y, con esta disposición, el conteo regresivo para el alcalde Dau que lo llevaría irremediablemente al plano de una suspensión o, en el peor de los casos, a su destitución.
Desde la Procuraduría se observa con preocupación que el alcalde Dau Chamat ha sido negligente con las decisiones del Ministerio Público pese a que se le ha conminado en reiteradas oportunidades y se le ha dicho a través de los medios que “el alcalde no necesita la orden de un juez“, ya que “tiene el deber imperativo de dar cumplimiento al fallo policivo del mes de octubre del año 2018“, cuyo incumplimiento “constituye un fraude a una resolución judicial“.
Y mientras esta fue la voz reiterada con la que el Ministerio Público le reclamaba acciones puntuales al mandatario distrital, este le manifestaba a la Procuraduría que no podía hacerle caso porque estaba esperando el fallo de un juzgado para proceder.
Y le reitera Gómez Lee al mandatario distrital que las medidas policivas son de carácter perentorio y, además, los requerimientos de la Procuraduría son también imperativos para el alcalde, ya que, por un lado, debe proceder a la restitución del espacio público y, por otro lado, debe garantizar la seguridad de los cartageneros, la cual está en riesgo según un estudio realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
Finalmente, las acciones puntuales de la Procuraduría dejan ver que se ha iniciado un intenso trabajo en los últimos meses. Además de las investigaciones disciplinarias contra el alcalde se anunció que las mismas se extenderán a Gonzalo Jácome, secretario de Infraestuctura; Guillermo Ávila, secretario de Planeación; Fernando Abello, director de Gestión del Riesgo y Renzo Javier Orozco, inspector de Policía de la Comuna 2. A ellos se suman el exalcalde Pedrito Pereira Caballero y varios miembros de su gabinete.