Por Rodrigo Velásquez Ángel (*)
El pensamiento crítico por encima de la euforia, la corrupción y la violencia política
Un algoritmo es, en su definición más sencilla, una secuencia de instrucciones diseñada para producir un resultado. Es el conjunto de reglas que organiza un proceso, prioriza información y orienta una decisión. Hoy convivimos con algoritmos permanentemente. Son ellos quienes determinan qué noticias aparecen primero en nuestras pantallas, qué rutas seguimos para llegar a un destino, qué contenidos vemos en las redes sociales o cómo una inteligencia artificial responde una pregunta. Aunque invisibles, los algoritmos tienen una enorme capacidad para influir en nuestra manera de comprender el mundo.
Las democracias también tienen su propio algoritmo. No está escrito en un lenguaje de programación ni fue diseñado por una empresa tecnológica. Es el resultado de la interacción permanente entre ciudadanos, instituciones, leyes, partidos políticos, universidades, jueces, medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas, regiones y, cada vez más, redes digitales e inteligencias artificiales. Ese entramado de relaciones determina, en buena medida, la dirección que toma una nación. Pero también incorpora sus distorsiones. La corrupción, la desinformación, el clientelismo, la violencia política, los intereses particulares y la polarización alteran ese algoritmo tanto como lo hacen la educación, la fortaleza institucional o la participación ciudadana. Como todo sistema complejo, una democracia refleja tanto sus virtudes como sus fallas.
Ese algoritmo tiene, en realidad, un nombre político: la República. Es el conjunto de reglas, instituciones, contrapesos y capacidades que permiten a una sociedad procesar sus diferencias sin destruirse a sí misma. Su fortaleza no depende únicamente de la calidad de sus leyes, sino también de la integridad de quienes las aplican, de la madurez de la ciudadanía y de la capacidad colectiva para corregir sus propios errores.
El algoritmo de la democracia colombiana tampoco surgió de la noche a la mañana. Comenzó a escribirse con la Independencia y con la difícil tarea de convertir una victoria militar en una República. Simón Bolívar representó la visión de una nación capaz de sostener su soberanía en medio de enormes desafíos. Francisco de Paula Santander comprendió que esa independencia solo tendría futuro si descansaba sobre instituciones y no sobre la voluntad de los hombres. Su célebre afirmación – “Las armas os han dado la independencia; las leyes os darán la libertad”- sigue siendo, dos siglos después, uno de los principios fundacionales de nuestra vida republicana.
A lo largo del siglo XIX, Colombia construyó su Estado entre guerras civiles, debates constitucionales y profundas diferencias sobre el modelo de nación. Más adelante, los largos ciclos de predominio conservador y liberal moldearon una cultura política de fuertes identidades partidistas, pero también de creciente institucionalidad. La Constitución de 1991 abrió una nueva etapa al ampliar los derechos de los ciudadanos, fortalecer los mecanismos de participación, consolidar los pesos y contrapesos y reafirmar el principio según el cual ningún poder puede situarse por encima de la Constitución.
Ese recorrido explica una característica profundamente colombiana. Nuestra historia ha estado atravesada por intensas pasiones políticas, pero también por una persistente búsqueda de soluciones institucionales. En distintos momentos fueron liberales y conservadores; después aparecieron nuevas corrientes ideológicas y nuevos liderazgos; hoy las diferencias suelen expresarse como confrontaciones entre izquierdas y derechas. Cambian los actores, cambian los discursos y cambian las tecnologías, pero permanece el mismo desafío: lograr que las diferencias se tramiten dentro de las reglas de la República y no por fuera de ellas. A ese desafío histórico se ha sumado otro igual de determinante: impedir que la corrupción capture las instituciones y sustituya el interés general por intereses particulares.
Las recientes elecciones demostraron que ese algoritmo volvió a transformarse. Si las elecciones de hace algunos años consolidaron las redes sociales como escenario central del debate público, las más recientes marcaron la irrupción visible de la inteligencia artificial, la consolidación de nuevos medios digitales, el crecimiento de los creadores de contenido y la aparición de nuevas formas de construir y difundir narrativas políticas. Nunca antes las herramientas tecnológicas habían tenido tanta capacidad para acelerar la circulación de información, influir en la conversación pública y modificar el ecosistema democrático.
Nadie puede afirmar con certeza cómo será ese entorno en 2030. La velocidad con la que evolucionan la inteligencia artificial, las redes de información y las plataformas digitales supera cualquier precedente histórico. Lo único razonablemente previsible es que el próximo proceso electoral se desarrollará en un escenario todavía más complejo que el actual.
La pregunta, entonces, no es tecnológica. Es profundamente republicana.
¿Cómo garantizar que el algoritmo de la democracia colombiana continúe fortaleciendo la libertad, la convivencia y el Estado de derecho cuando las herramientas capaces de influir sobre la opinión pública evolucionan más rápido que nuestras propias capacidades institucionales y ciudadanas?
La humanidad ha enfrentado preguntas semejantes en distintos momentos de su historia. El constitucionalismo nació, precisamente, como una respuesta a la concentración del poder. Mucho antes de las constituciones modernas, el derecho romano organizó la vida pública alrededor de principios generales que sustituyeron la arbitrariedad por reglas comunes. La Carta Magna estableció que ni siquiera el rey estaba por encima de la ley. Montesquieu formuló la separación de poderes como un mecanismo para impedir los abusos del Estado. Las revoluciones constitucionales consolidaron la idea de que los derechos de las personas debían prevalecer sobre la voluntad de los gobernantes. La pregunta siempre ha sido la misma: ¿cómo impedir que cualquier forma de poder termine imponiéndose sobre la libertad o que la corrupción termine vaciando de contenido las instituciones creadas precisamente para protegerla?
Hoy esa pregunta adquiere una dimensión diferente. Ya no basta con limitar el poder político. A su alrededor interactúan poderes tecnológicos, económicos, mediáticos, científicos, culturales y sociales cuya capacidad de influencia crece a una velocidad sin precedentes. Las tres ramas clásicas del poder siguen siendo indispensables, pero ya no bastan para comprender un ecosistema donde una plataforma digital puede modificar el flujo de información, un creador de contenido puede movilizar millones de personas, una inteligencia artificial puede producir narrativas de enorme alcance y comunidades enteras pueden organizarse en cuestión de minutos alrededor de una causa, una emoción o una indignación compartida.
Durante décadas hablamos del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Después se habló del cuarto poder para referirse a la prensa y, más recientemente, de un quinto poder asociado a la ciudadanía conectada. Quizá el siglo XXI exija una comprensión más amplia: ya no vivimos frente a poderes aislados, sino dentro de un ecosistema de poderes que interactúan, se potencian y, en ocasiones, también se desbordan. Cuando los poderes dejan de actuar por separado para convertirse en un sistema, la respuesta de la República tampoco puede seguir siendo fragmentaria.
Sería un error responder a esta realidad con nostalgia o con miedo. La tecnología no sustituirá a la República. Pero sí obligará a la República a evolucionar.
La respuesta tampoco consiste en multiplicar las prohibiciones o en restringir la libertad de expresión. Las democracias no se fortalecen censurando a sus ciudadanos, sino desarrollando en ellos la capacidad de discernir. Frente a un ecosistema de poderes, la República necesita construir un ecosistema de capacidades.
Necesitamos ciudadanos con pensamiento crítico antes que ciudadanos permanentemente indignados. Universidades que enseñen a comprender la complejidad antes que a repetir consignas. Partidos políticos que vuelvan a formar dirigentes y no únicamente candidatos. Medios de comunicación -tradicionales y digitales- comprometidos con la verificación de los hechos. Nuevos creadores de contenido conscientes de su responsabilidad pública. Organismos electorales sólidos. Jueces independientes. Empresas tecnológicas comprometidas con principios democráticos. Y una ciudadanía que entienda que compartir información también constituye un acto de responsabilidad cívica.
Pero esas capacidades también deben traducirse en una ética pública que rechace la corrupción como una forma de manipulación del algoritmo democrático. Allí donde la corrupción captura instituciones, la desinformación captura conciencias, la violencia política captura la convivencia y el caudillismo captura el poder, la República pierde su capacidad de corregirse a sí misma. Ninguna democracia puede prosperar cuando esos cuatro factores sustituyen al mérito, al debate, a la ley y al bien común.
El liderazgo político del futuro tampoco podrá construirse sobre el viejo modelo del caudillo providencial. Colombia necesita una nueva generación de dirigentes capaces de dialogar con la ciencia, la tecnología, las regiones, las universidades, el sector productivo, la sociedad civil y las instituciones. Líderes que comprendan que gobernar ya no consiste únicamente en ejercer autoridad, sino en articular capacidades distribuidas a lo largo de toda la sociedad. La continuidad del algoritmo democrático colombiano no dependerá de un hombre providencial, sino de la capacidad de formar liderazgos que respeten las reglas de la República y sepan conducirla en un entorno de creciente complejidad.
Quizá esa sea la evolución natural del constitucionalismo. Durante siglos aprendimos que las leyes debían estar por encima de los hombres. El siglo XXI nos plantea un desafío adicional: lograr que las capacidades de la sociedad crezcan al mismo ritmo que los nuevos poderes que ella misma crea. La República ya no podrá sostenerse únicamente sobre instituciones fuertes; necesitará también ciudadanos intelectualmente libres, capaces de distinguir entre información y propaganda, entre crítica y odio, entre liderazgo y caudillismo.
El verdadero algoritmo de la democracia colombiana nunca será escrito por una inteligencia artificial. Lo escribirán millones de ciudadanos cada vez que decidan verificar antes de compartir, argumentar antes de descalificar, escuchar antes de condenar y construir antes que destruir. Las repúblicas no desaparecen únicamente cuando fracasan sus gobiernos. También se debilitan cuando la corrupción sustituye la confianza, cuando la desinformación reemplaza el juicio crítico y cuando la euforia desplaza la deliberación. Ninguna tecnología podrá reemplazar la responsabilidad de una ciudadanía consciente. Porque, al final, las repúblicas no sobreviven gracias a sus algoritmos informáticos. Sobreviven gracias al pensamiento crítico, a la integridad de sus ciudadanos y a la fortaleza de las instituciones que, generación tras generación, han aprendido a poner la ley, el bien común y la dignidad de la República por encima de la euforia, de la corrupción, de la violencia política y de cualquier forma de poder.
(*) Magíster en Asuntos Internacionales, Comunicador Social – Universidad Externado de Colombia
