Por Danilo Contreras
Hace unos días mencionaba en otro escrito como la filósofa norteamericana, Wendy Brown caracterizaba las sociedades modernas como colectivos debilitados de meros consumidores, en donde el ser humano pierde su condición para convertirse en un recurso mercantilizado que es un objeto más del mercado y que además se auto esclaviza para cumplir con los requerimientos de un medio impostado dictado por intereses económicos, redes y medios de comunicación.
El éxito rotundo de las sociedades neoliberales se manifiesta entonces en sumisión y ausencia de reacción frente a los abusos de que son victimas los ciudadanos. El lenguaje anti político se impone y cualquier protesta es incluso reprimida con acritud. La deliberación que es el elemento esencial de la democracia, según lo concibiera ya Pericles en la Atenas del siglo V a.C., se ve destruida o cuando menos proscrita como un atentado en contra de la convivencia y la tranquilidad. La soberanía del pueblo en ese escenario no pasa de ser una falacia, una quimera, quizás la ilusión de unos pocos.
Sin embargo, la evidencia de la praxis nos trae en este añejo y bullicioso rincón del caribe una muestra paradójica de como es posible resistir a las desatadas fuerzas del capital abusivo; de como una ciudadanía consciente y activa es capaz de sobreponerse a un sistema corrupto que lleva a que unas élites le metan, sin pudor ni vergüenza, la mano al bolsillo de los ciudadanos comunes y silvestres, con tal de mantener sus espurios privilegios.
Ese es el caso de la lucha que un reducto de dirigentes e incluso, meros ciudadanos cartageneros, han adelantado por años, contra ese monstruo ávido de dinero constituido por la concesión vial corredor de carga y sus inicuos peajes. Los resultados de esa ardua y prolongada batalla ciudadana están rindiendo ya sus frutos.
En efecto, el día miércoles de esta semana, la Contraloría General de la República ha dado a la luz una noticia que todos sospechábamos, intuíamos o sabíamos con certitud: La concesión vial corredor de carga le ha venido robando sistemáticamente al pueblo cartagenero con el cobro de peajes, pese a que ya en el año 2015 habíamos pagado, entre todos, el costo de esa obra; y quedo objetivamente determinado en ese dictamen de la Contraloría que ese detrimento al patrimonio de los cartageneros, asciende a la bicoca de $300 mil millones de pesos que han ido a parar a los bolsillos de un grupúsculo de avispados, por no llamarles de la manera como el código penal colombiano deberá designarles si es que algo de justicia queda en este país.
Ese pronunciamiento extraordinario e histórico de la Contraloría no es espontaneo, sino el resultado tardío de una solicitud de control excepcional elevado por la veeduría ciudadana CONTROL VISIBLE y por la presión enjundiosa de núcleos ciudadanos que nunca se rindieron ante la expoliación que todos mascullaban pero a la que pocos se atrevían a oponerse con acciones.
Ahora, en medio de la poco edificante disputa entre impulsores de la revocatoria del mandato y defensores de alcalde Dau, se pretende imponer a fuerza de tergiversaciones una nueva “fake news” por virtud de la cual le he escuchado decir a voceros de quienes persiguen la revocatoria, el exabrupto de que el control excepcional fue presentado por la misma concesión, como en una especie de acto suicida. Vaya distorsión de la verdad.
Pero de otra parte, y no sin atentar contra la verdad, los kamikazes que defienden a Dau, a veces contra un mínimo de reflexión crítica, atribuyen a su “superhéroe” el milagro producido en la Contraloría General de la República, que es sin duda el principio del fin de la nefasta concesión vial Corredor de Carga. Desconocen esos paisanos que todo indica que incluso Dau esta señalado, y con razón digo yo, de tener responsabilidad en el detrimento patrimonial que ha sido declarado por el ente de control.
En efecto, ya desde el inicio de su mandato, Dau contaba con herramientas y argumentos racionales adecuados para iniciar formalmente el procedimiento de liquidación del contrato de concesión que ahora debe implementarse sin dilaciones por cuenta de la imputación fiscal de la Contraloría; me refiero al documento de auditoria fiscal emanado de la Contraloría Distrital de diciembre de 2016, en la que se determinó que el contrato de concesión se habría pagado en el mes de enero de 2017. Ese mero instrumento, emanado de una autoridad pública y el olfato de veedor del alcalde, habrían bastado para hacer, desde el principio, lo que ahora debe acometerse por imposición de las circunstancias.
Allá quienes quieran creer en cuentos de superhéroes prescindiendo de la crítica.
Lo único cierto, real y atestiguado en el terreno de las luchas populares, es que este es un triunfo de la ciudadanía, en buena hora.
No incurriré en el error de la elaboración de un listado de personas y dirigentes que han sido protagonistas de esta batalla que aún sigue, pero si debo destacar al compañero Fidian García, quien con su personaje Capitán No más Peajes, ha simbolizado la resistencia y el tesón para oponerse a los abusos de las castas privilegiadas, no solo de la ciudad, sino de la nación entera, que aún están agazapadas en las oficinas de la concesión vial e incluso hoy, cínicamente, pretenden seguir robando al pueblo.
Fidian es un ejemplo de liderazgo y de ciudadanía activa y entiendo que reconociéndole a él, levanto un mensaje de renovada motivación a todos los siguen, seguimos, firmes en esta lucha. Adelante, sin pausa!.