La Procuradora General, Margarita Cabello, le pidió a la Corte Constitucional que tumbe la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total, con la que el gobierno de Gustavo Petro fijó lineamientos para sus negociaciones con estructuras armadas.
Cabello advierte que la Ley de Paz Total, también conocida como la prórroga de la Ley de Orden Público, es “inconstitucional” porque “permite a los disidentes de procesos de paz negociar nuevamente con el Gobierno Nacional y obtener beneficios sin limitaciones”. También permite la negociación con “desertores” como la Segunda Marquetalia del exjefe negociador de las Farc, Iván Márquez.
También advierte que la ley contiene una regulación “indeterminada e imprecisa” que permite que las estructuras armadas de alto impacto reciban beneficios “a pesar de no ser parte del conflicto armado por no tener la condición de grupos al margen de la ley con una orientación política”.
Aunque el concepto enviado por la procuradora guarda relación con una demanda que cuestiona un artículo en específico, Cabello advierte que toda la ley debe caerse por no haber sido tramitada con el concepto del Consejo Superior de Política Criminal.