Por Regulo Pájaro Villa
Los habitantes de Bolívar, Córdoba, Cesar y Sucre —departamentos atendidos por Afinia— parecen condenados a soportar una paradoja tan injusta como indignante: mientras las facturas continúan golpeando el bolsillo, la continuidad del servicio sigue dependiendo de una programación de cortes que convierte la electricidad en un privilegio intermitente.
En amplios sectores de Cartagena y otros municipios, los denominados “mantenimientos programados” pueden extenderse durante ocho, diez y hasta doce horas.
Aunque técnicamente no todos estos cortes constituyen racionamientos, para una familia que permanece medio día sin energía la diferencia semántica importa muy poco. El resultado es el mismo: alimentos dañados, electrodomésticos afectados, comercios paralizados, estudiantes desconectados y trabajadores remotos imposibilitados para cumplir sus obligaciones.
No es responsable calificar jurídicamente a Afinia como una “empresa criminal” sin que exista una sentencia que así lo establezca. Sin embargo, sí resulta legítimo hablar de una prestación que victimiza económicamente a miles de usuarios y de una conducta empresarial que debe ser investigada cuando los cortes prolongados, las fallas recurrentes y las tarifas elevadas se vuelven parte de la cotidianidad.
Las cifras oficiales demuestran que la inconformidad ciudadana no es producto de una percepción exagerada. En 2020, Afinia suscribió con la Superintendencia de Servicios Públicos un programa de gestión para mejorar la continuidad, confiabilidad y calidad del servicio durante el periodo 2021-2025. Ese compromiso contemplaba inversiones, reducción de interrupciones y mejores mecanismos de atención al usuario.
No obstante, un informe posterior de la misma Superintendencia registró que Afinia reportó 55.420 interrupciones no programadas en 2021 y 57.728 en 2022. Durante el primer semestre de 2023 se presentaron otras 28.039 interrupciones superiores a treinta minutos. Bolívar concentró el 27,34 % de esos eventos, mientras que Córdoba alcanzó el 36,94 %.
El informe también advirtió que la duración acumulada de las interrupciones no programadas pasó de 20,23 horas durante el primer semestre de 2022 a 23,55 horas en igual periodo de 2023, lo cual representó un deterioro del 16,41 %. Asimismo, se identificaron interrupciones excepcionales que oscilaron entre 48,65 y 233,2 horas.
Estas cifras ayudan a comprender por qué cada anuncio de mantenimiento provoca indignación. Los usuarios no rechazan que se modernicen las redes; lo que cuestionan es que, después de años de interrupciones justificadas bajo el argumento de las inversiones y las adecuaciones, el mejoramiento prometido no sea suficientemente visible en sus hogares.
Una tarifa que exige explicaciones
A la deficiente continuidad se suma la preocupación por el costo del kilovatio-hora. Para sostener que en 2026 se produjo un incremento cercano al 20 %, es indispensable comparar el Costo Unitario de Prestación del Servicio que aparece en las facturas de enero y de los meses más recientes, utilizando el mismo nivel de tensión, estrato y mercado. Si, por ejemplo, el valor pasó de aproximadamente $840 a $1.008 por kWh, el aumento sería exactamente del 20 %.
Esa comparación debe hacerse pública y ser explicada componente por componente. La CREG señala que el costo unitario reúne generación, transmisión, distribución, comercialización, restricciones y pérdidas reconocidas. Por tanto, el incremento de una factura no depende únicamente de Afinia; pero la empresa sí tiene la obligación moral y legal de explicar con absoluta claridad cuánto corresponde a cada concepto y qué beneficios concretos recibe el usuario a cambio.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿cómo puede exigirse puntualidad absoluta en el pago cuando no existe la misma puntualidad en la prestación del servicio?
Afinia cobra el kilovatio completo, pero entrega tranquilidad por fracciones. Suspende el suministro para realizar mantenimientos, pero los usuarios continúan padeciendo fluctuaciones, daños e interrupciones inesperadas. Se anuncian inversiones millonarias, pero en numerosos barrios la experiencia cotidiana continúa marcada por el calor, la oscuridad y la incertidumbre.
El Caribe no puede seguir pagando la ineficiencia
La energía eléctrica no es un lujo. Es un servicio público esencial y una condición indispensable para estudiar, trabajar, conservar alimentos, atender pacientes, desarrollar actividades comerciales y vivir dignamente. Una interrupción de doce horas no representa únicamente una incomodidad: significa pérdidas económicas que nadie reconoce ni reembolsa.
Por eso, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y Energía y la CREG deben adelantar una evaluación pública e independiente sobre:
La cantidad y duración de los cortes programados y no programados durante 2026.
El cumplimiento real de las inversiones anunciadas por Afinia.
La evolución mensual del costo del kilovatio-hora.
Las compensaciones reconocidas a los usuarios afectados.
Los resultados concretos de cinco años de programas de mejoramiento.
La relación entre el dinero recaudado y la calidad efectivamente entregada.
El Caribe colombiano no puede continuar siendo tratado como un territorio obligado a pagar tarifas de primer mundo por un servicio que demasiadas veces funciona con estándares del pasado. Cada mantenimiento debe tener una justificación técnica verificable, una duración razonable y un resultado medible. De lo contrario, dejaría de ser una solución para convertirse en el nombre administrativo con el que se pretende normalizar el apagón.
Los usuarios no están pidiendo energía gratis. Están exigiendo que la energía que pagan llegue con continuidad, calidad y respeto. Porque cobrar rigurosamente mientras se presta deficientemente también constituye una forma de abuso. Y el Caribe ya está cansado de pagar, sudar y esperar a oscuras.
