Por Pedrito Pereira Caballero
Me anima a escribir estas líneas la confusión que han generado algunas publicaciones en redes sociales sobre los proyectos y obras que tocan los peajes urbanos en Cartagena.
Antes que nada, quiero hacer las siguientes precisiones: Primero, el contrato actual con la Concesión Vial fue celebrado en 1998. Y en su cláusula 36 se decidió determinar su plazo por medio de una Tasa Interna de Retorno (TIR), pactando una cifra (17,22 %), lo cual fue ratificado por los otros si número 8 y 9 celebrados en el año 2004 y 2006, respectivamente, para alcanzar el equilibrio económico de acuerdo a la inversión realizada en la ampliación y construcción de las vías concesionadas.
En el 2019 cuando estuve encargado en la Alcaldía convoqué al Comité Antipeajes, al concesionario, Edurbe, supervisor de la obra; y también tuve reuniones de seguimiento con la Procuraduría y Contraloría. Después de solicitar conceptos, ese mismo año, manifestaron los organismos de control y el supervisor que no se había cumplido la Tasa Interna de Retorno, es más hubo una decisión de mayo del 2019 archivando la investigación fiscal . Sin embargo, dos años después, la Contraloría hace pocas semanas emitió un auto de trámite fruto del mecanismo de consulta, donde afirma que se había cumplido la Tasa Interna de Retorno. Debo ser claro en que ese pronunciamiento de tal magnitud le llegó a la administración de William Dau Chamat. Luego entonces, es quien puede o debe tomar una decisión legal y contractual para resolver esta situación . Aclaro que no he firmado ningún contrato extendiendo la concesión actual.
Ahora quiero referirme al proyecto de la APP del Corredor Portuario, que viene desde el 2017, bajo la responsabilidad de unas firmas diferentes a la Concesión Vial actual, cuyo planteamiento principal se basa en generar 5.500 empleos a través de una inversión de un billón de pesos en obra y otro más en operación que al final se verán reflejados en la construcción de la Quinta Avenida de Manga, el nuevo puente Las Palmas, más de 60 kilómetros de vías adyacentes, 100.000 mt2 de espacios público, más de 10 intersecciones, puentes peatonales, ciclo rutas y el diseño en fase III de la conexión Manga-Bocagrande. Todo sin inversión pública.
Refresco las memorias. En el 2017 le correspondió al Alcalde de turno aprobar la prefactibilidad de la APP del Corredor Portuario, y a mi la evaluación de la factibilidad, la convocatoria pública y la adjudicación de ese proyecto, sin firmar contrato alguno.
Entonces, le corresponde a esta administración decidir si suscribe el contrato y permite la ejecución de estas obras que está financiada a través de peajes. Me correspondió cumplir la Ley en este trámite para no tener consecuencias legales para el Distrito ni para mi, por omitir el cumplimiento de la norma. Así que a quienes me lapidan en redes, les pido que se dediquen a conocer la verdad antes de difamar de manera perversa.
Los peajes internos, que llevan funcionando más de 20 años, no son un factor disruptivo de la economía. Pero, en cambio, sería nefasto para Cartagena hacer las obras, modernizar y mantener el Corredor Vial con recursos públicos, que deben destinarse a la salud, educación y el bienestar de los más pobres de la ciudad.
No quieren entender que las APP generan miles de empleos sin que se tenga que invertir un solo peso del presupuesto público de Cartagena. No quieren entender que es mejor proteger los recursos de los más pobres de la ciudad para sacarlos de la pobreza, que acabar con los peajes que pagan los usuarios que directamente se benefician del uso de las vías. No quieren entender que quien paga el peaje ahorrará tiempo, combustible y mantenimiento vehicular. No quieren entender que la prioridad del gobierno de Cartagena debe ser quienes sobreviven con menos de 7 mil pesos diarios y no aquellos que tienen negocios en el puerto o poseen un vehículo, cuyo valor promedio supera los 50 millones de pesos.
Los peajes son el instrumento más equitativo para financiar vías públicas, pues solo los paga quien se beneficia de ellas.
Esta administración carente de visión de desarrollo se especializó en meternos en discusiones poco prácticas y hemos dejado de hacer la preguntas realmente importantes.
- Si no son los peajes, ¿cuál es la propuesta de esta administración para solventar el mantenimiento de esas vías?, ¿Cuál es la propuesta alterna más allá de estar o no de acuerdo?
- ¿Cuál es la valoración del riesgo que ha hecho la administración Dau frente al proceso actual de la APP?, ¿Qué decisiones ha tomado más allá del titular de estar o no de acuerdo?
Hago una invitación a la administración a liderar los procesos de desarrollo de este territorio y a dejar de sembrar pánico e incitar a una población que requiere soluciones, más no titulares en redes o en la prensa. Los peajes siguen allí, mientras los ciudadanos se enfrentan por una talanquera. Es esa la realidad.
Esto hay que acabarlo, está corrupción está acabando a cartagena, se convirtió Cartagena en el banco de los corruptos.