Un nuevo capítulo se escribió en torno al tema de lo que sería el desalojo de las familias campesinas del territorio de Cachenche, jurisdicción del municipio de Turbana, luego que la Red de Veeduría a la Rama Judicial, Vejuca, radicara denuncia penal y disciplinaria contra dos funcionarios de la Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE – Regional Norte.
Se trata de Juan Pablo Valbuena Anaya y Nataly Gaitán Lopera quienes, estarían incurriendo presuntamente, según abogados de la Veeduría, en delitos como el prevaricato por acción, fraude procesal, desplazamiento forzado con agravación punitiva y perturbación a la posesión por querer desalojar, por si o si, a más de 200 familias campesinas arragaidas en este territorio.
Asegura Erick Urueta Benavides, director de Vejuca, que los funcionarios mencionados no tienen pleno conocimiento de linderos y desconociendo que estas personas vienen ejerciendo el derecho a la posesión y que ya es una comunidad que ha venido obteniendo un provecho de las tierras. “Ellos han desconocido el compromiso del gobernador del departamento de convocar a la SAE a una mesa de trabajo con el fin de entrar a definir la suerte de estas 200 familias”, precisó Urueta.
Señala el veedor que la SAE no ha efectuado un censo y no tienen claros linderos ni medidas y además por la actitud plasmada en unos autos administrativos ha desconocido derechos constitucionales, fundamentales y raya en la violación del Derecho Humanitario para la Protección. “Ellos desconocen la circular 007 de junio de 2019 emitida por la Procuraduría General de la Nación en donde se dan lineamientos para la protección de las comunidades campesinas”, concluyó.