Por Rodrigo Velásquez Ángel (*)
De la ideología que arrodilla a los artistas a las instituciones que los ponen de pie
En noviembre de 1989, la caída del Muro de Berlín marcó el principio del fin del bloque soviético. Poco después, la Cortina de Hierro comenzó a desmoronarse y los países de Europa Central iniciaron su tránsito hacia la democracia. Uno de los primeros fue Checoslovaquia, que en diciembre de ese mismo año eligió como presidente a un hombre que no provenía del ejército, de un partido político ni de las élites económicas. Provenía del teatro.
Se trataba de Vaclav Havel. Años antes, quien se convertiría en uno de los grandes líderes de la Revolución de Terciopelo había escrito una obra extraordinaria: El memorándum. En ella retrata una organización donde un nuevo lenguaje artificial sustituye al idioma común. Nadie lo comprende realmente, pero todos fingen entenderlo porque el poder ha decretado que esa es la nueva forma de comunicarse. Poco a poco, la burocracia deja de administrar la realidad y comienza a administrarla a través del lenguaje.
No era únicamente una sátira sobre el comunismo. Era una advertencia mucho más profunda: quien controla el lenguaje termina condicionando la manera como una sociedad piensa.
El régimen comunista comprendió el alcance de aquella crítica y persiguió a Havel por su actividad intelectual y política. Sabía que un dramaturgo podía convertirse en un adversario tan peligroso como un líder político, porque había entendido una verdad que muchas democracias siguen subestimando: la batalla por el poder no se libra únicamente en los parlamentos, en las elecciones o en la administración pública. También se disputa en el teatro, en la literatura, en el cine, en la música y, en general, en los relatos que una sociedad termina aceptando como naturales.
Quien logra moldear el imaginario colectivo no necesita controlar todas las instituciones; basta con influir en la manera como las personas interpretan la realidad.
¿Qué tiene que ver la Revolución de Terciopelo con la Colombia de hoy? Mucho más de lo que parece.
Décadas antes, el filósofo y dirigente político italiano Antonio Gramsci, uno de los teóricos marxistas más influyentes del siglo XX, había desarrollado en sus Cuadernos de la cárcel el concepto de hegemonía cultural. Su tesis era sencilla, pero poderosa: ningún proyecto político se consolida únicamente conquistando el Estado; también necesita conquistar el mundo de las ideas. Las universidades, los medios de comunicación, las editoriales y las artes son escenarios tan importantes como los parlamentos.
Resulta llamativo que un comunista como Gramsci y un anticomunista como Havel coincidieran en un punto esencial: quien logra orientar la cultura adquiere una influencia que trasciende cualquier elección y cualquier período de gobierno.
Esa conclusión debería preocupar por igual a la derecha, a la izquierda, al centro y, sobre todo, a quienes creen en una sociedad libre. Nadie espera que sus artistas actúen como cajas de resonancia del poder. Se espera que expandan el pensamiento, cuestionen las certezas, preserven la memoria, imaginen futuros posibles y expresen aquello que la política, muchas veces, no alcanza a comprender.
Los gobiernos altamente ideologizados entienden muy bien el valor estratégico de la cultura. No necesitan censurar artistas; basta con orientar los incentivos. Convocatorias, becas, estímulos, premios y fondos públicos terminan privilegiando determinadas narrativas hasta convertirlas, poco a poco, en la corriente dominante.
Ese es uno de los riesgos que ha vivido Colombia durante los últimos años. No porque el Estado apoye la cultura —algo deseable y necesario—, sino porque existe una diferencia sustancial entre financiar la creación artística y orientar ideológicamente aquello que merece ser financiado.
Durante el último cuatrienio, buena parte de la política cultural giró alrededor de conceptos como memoria, reparación, paz, territorio, resistencia y conflicto. Todos son temas legítimos. Todos merecen un lugar dentro de la creación artística de una nación marcada por décadas de violencia. El problema aparece cuando dejan de ser una posibilidad entre muchas y se convierten en la principal puerta de acceso a los recursos públicos.
La cultura no se empobrece cuando habla de la paz. Se empobrece cuando solamente puede hablar de la paz.
Una nación también necesita artistas que hablen de ciencia, empresa, innovación, ciudades, patrimonio, espiritualidad, tecnología, humor, belleza, pasado y futuro.
Existe una imagen romántica según la cual el artista vive únicamente de la inspiración. La realidad es bastante más compleja. Detrás de cada obra de teatro, película, exposición, concierto o libro existe una cadena de trabajo creativo y de gestión. Los artistas producen, administran proyectos, ensayan durante meses, pagan seguridad social, alquilan espacios, buscan patrocinadores y, muchas veces, dedican más tiempo a conseguir recursos que a crear. Tienen familias, proyectos de vida y obligaciones como cualquier otro profesional. El talento no los exonera de las responsabilidades de la vida cotidiana. La inspiración no reemplaza la sostenibilidad.
Esa fragilidad económica convierte al sector cultural en uno de los más vulnerables frente a quien controla la financiación. Ningún creador se levanta una mañana con la intención de convertirse en propagandista. El proceso suele ser silencioso. Cuando las convocatorias comienzan a privilegiar determinados relatos, el artista entiende rápidamente cuáles proyectos tienen mayores posibilidades de financiación. No necesita instrucciones; basta con comprender los incentivos. Poco a poco modifica un enfoque, cambia un lenguaje, adapta un tema o deja de presentar aquello que sabe que difícilmente será financiado.
Es allí donde, sin advertirlo, el artista comienza a arrodillarse ante el poder.
La pregunta nunca ha sido si el arte necesita financiación. Claro que la necesita, y de manera abundante si una sociedad aspira a la excelencia, como ocurre con la ciencia, el deporte o la innovación. La verdadera pregunta es cómo evitar que esa financiación termine condicionando la libertad de quien crea.
El peor enemigo del artista no es la pobreza. Es la dependencia. Es la presión cotidiana de la supervivencia. Es el estigma histórico de un sector que demasiadas veces ha sido visto como un lujo y no como una profesión. Es la angustia de miles de familias que todavía creen que estudiar artes equivale a renunciar a la estabilidad.
Y allí radica el verdadero dilema. Quien depende exclusivamente del mercado corre el riesgo de producir únicamente aquello que vende. Quien depende exclusivamente del Estado corre el riesgo de producir únicamente aquello que el gobierno quiere promover. En ambos extremos la autonomía creativa comienza a erosionarse.
El mejor aliado del artista es la suficiencia económica. No porque el dinero garantice el talento, sino porque la independencia económica protege la independencia intelectual. Un creador verdaderamente libre puede elogiar al poder, cuestionarlo o ignorarlo por completo. Su compromiso deja de ser con quien financia su obra y vuelve a ser con la verdad, con la belleza, con la crítica o con la imaginación.
Por eso la discusión no debería concentrarse únicamente en el presupuesto del Ministerio de Cultura. El verdadero debate consiste en cambiar el paradigma de la política cultural colombiana.
Durante décadas hemos discutido si el Estado debe invertir más o menos en cultura. Esa es una falsa disyuntiva. La verdadera pregunta es qué modelo queremos construir.
¿Uno basado casi exclusivamente en subsidios administrados desde el gobierno de turno? ¿O uno capaz de desarrollar un ecosistema donde el Estado, la empresa privada, las fundaciones, las universidades, la cooperación internacional, las cajas de compensación, los gobiernos territoriales y la ciudadanía compartan la responsabilidad de sostener las artes?
La diferencia es mucho más profunda de lo que parece. Un modelo administra convocatorias; el otro desarrolla un ecosistema. Uno distribuye subsidios; el otro construye capacidades. Uno produce beneficiarios temporales; el otro fortalece industrias culturales, escuelas de pensamiento, patrimonio e identidad. Uno concentra poder; el otro lo distribuye. Y cuando el poder se distribuye, también se protege la libertad.
En 1946, John Maynard Keynes asumió la primera presidencia del Arts Council of Great Britain, concebido bajo el principio del arm’s length: el Estado financia la cultura, pero mantiene una distancia deliberada frente a las decisiones artísticas. Sobre esa lógica se consolidó un modelo institucional que ha permitido proteger la autonomía de la creación más allá de los gobiernos de turno. Junto con instituciones como el British Council, el Goethe-Institut, el Instituto Cervantes o la Alianza Francesa, demuestra que es posible construir organizaciones culturales fuertes, permanentes y respetadas, capaces de trascender las coyunturas políticas.
El camino ya existe. Colombia no necesita inventarlo; necesita adaptarlo.
No se trata de disminuir el papel del Estado. Todo lo contrario. Se trata de que deje de ser el único sostén del sector para convertirse en su gran articulador. Un Estado que convoque, conecte y genere confianza entre múltiples actores. Un Estado que entienda que la creación cultural no se concentra en un solo centro, sino que se expresa con fuerza en las regiones, en los territorios y en las periferias culturales del país.
Ese ecosistema, en la práctica, no es otra cosa que una forma madura de alianzas público-privadas aplicadas a la cultura, donde el Estado deja de ser el único financiador para convertirse en un articulador de capacidades distribuidas.
Las grandes políticas públicas del siglo XXI ya no descansan sobre un único actor. Ese era el paradigma del siglo pasado. Hoy los problemas complejos exigen liderazgo colectivo, corresponsabilidad y ecosistemas de múltiples actores. Persistir en soluciones diseñadas para un mundo que ya no existe es condenarse a obtener resultados del pasado.
La cultura necesita un Estado comprometido, una empresa privada que entienda el valor estratégico del arte, gobiernos territoriales y regiones con capacidad real de gestión cultural, universidades que formen talento, fundaciones que promuevan la creación, cooperación internacional que abra oportunidades y una ciudadanía que reconozca que consumir cultura también es una forma de sostenerla.
La diversidad de financiadores protege la diversidad de ideas. Porque cuando las fuentes de financiación se diversifican, el poder también se distribuye. Y cuando el poder se distribuye, la libertad encuentra mejores condiciones para florecer.
Después de todo, desmamertizar el arte nunca fue expulsar a la izquierda de los escenarios culturales. Tampoco reemplazarla por una derecha cultural. Desmamertizar el arte significa construir una institucionalidad capaz de garantizar que ningún artista tenga que arrodillarse ante el poder para poder crear.
Porque una democracia madura no se reconoce por la ideología de sus artistas, sino por la libertad con la que pueden ejercer su oficio. El arte pertenece a la sociedad antes que al Estado; al creador antes que a cualquier doctrina política. Su misión no es legitimar gobiernos, sino ampliar la conversación pública, preservar la memoria, anticipar el futuro y recordarnos que la libertad también necesita belleza.
Los países no prosperan cuando encuentran un salvador. Prosperan cuando dejan de necesitarlo. Las grandes transformaciones no las producen individuos providenciales. Las producen instituciones sólidas y una sociedad capaz de asumir responsabilidades compartidas.
Quizá ese sea, también, el verdadero desafío de la política cultural colombiana: dejar de administrar la dependencia para empezar a construir libertad. Porque cuando los artistas vuelven a estar de pie, también se pone de pie una parte esencial de la democracia. Solo entonces el arte volverá a ser plenamente libre y la cultura podrá cumplir su verdadera misión: ser la conciencia crítica, la memoria y la imaginación de una sociedad abierta.
