Tal y como estaba previsto, la acción de tutela interepuesta por el alcalde William Dau en el caso de los peajes argumentando la presunta violación al derecho fundamental del patrimonio público, fue declarada improcedente por el juez.
Los entendidos en la materia coinciden en que el mandatario distrital junto con su grupo de asesores equivocaron una vez más el camino en la lucha contra la concesión vial, teniendo en cuenta que con la acción de tutela busca amparar los derechos fundamentales y evitar perjuicios irremediables; siempre y cuando no existan otras vías judiciales que estén a la orden del accionante. “Las controversias en un contrato estatal se definen a través de una acción contractual a órdenes del juez del contrato y no a través de un juez de tutela”, explicó Julio José Orozco, abogado que representa los intereses de la Concesión Vial.
De otra parte y coincidiendo con la posición del jurista Orozco, el Comité Cartagena Sin Peajes y la Red de Veeduría a la Rama Judicial, sostuvo que al mandatario se lo habían advertido teniendo en cuenta que la acción de tutela era improcedente y se debían agotar los mecanismos contractuales y la jurisdicción administrativa como tal.
Los miembros del colegio de Abogados, en su momento, le advirtieron al mandatario que esta herramienta no era el mecanismo idóneo para tal fin, porque lo que quedó en evidencia es el desconocimiento por parte de los juristas asesores del alcalde. “Esta tutela se sabía que la iban a declarar improcedente e instamos al alcalde para que acuda a los mecanismos jurisdiccionales administrativos competentes”, precisó Erick Urueta, miembro del Comité Antipeajes.