Sorprendidas se encuentran las 104 familias que conforman el Cabildo Indígena Zenú, en el sector de Membrillal, al ver con preocupación que la actual administración distrital se está pasando por la faja las disposiciones emanadas por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Recientemente y ante la crisis declarada por la pandemia, el Ministerio Público, dispuso que las comunidades indígenas deberían ser prioridad en atención para las respectivas ayudas humanitarias y cumplir a cabalidad con los requerimientos de ley.
El balance para la actual administración distrital con esta comunidad es regular teniendo en cuenta que, a la fecha no se les ha definido la compra del terreno, y este fue autorizado por el Concejo desde la administración del exalcalde Pedrito Pereira, luego de adelantar los debidos estudios técnicos, los actos notariales y protocolarios para tal fin.
De esta forma, según el acuerdo 0014, se autorizó a la administración distrital, realizar las respectivas afectaciones presupuestales por el orden de los $300 millones para la compra de un lote de terreno de 14,5 hectáreas, en el corregimiento de Bayunca, para el traslado de estas 104 familias del cabildo indígena, residentes en Membrillal.
Cabe recordar que sobre dicho predio existe una orden de desalojo contra estas familias; toda vez, que habitan en un predio privado, cuyo propietario lo está reclamando. En el proceso de compra del nuevo terreno en Bayunca participa la Gobernación de Bolívar, el sector privado, entidades que tienen que aportar $300 millones cada uno y ya están listas las apropiaciones de los recursos.
Roger Suárez, representante del Cabildo Indígena, manifestó que el balance para la administración distrital efectivamente no es muy bueno toda vez que se recibieron solamente ayudas humanitarias hace como cuatro o cinco meses y no han vuelto a hacer presencia en la zona. Señaló que esperan ver lo más pronto posible la disposición por parte del Distrito para la compra del terreno que les permitiría tener el asentamiento para su comunidad.
“No sabemos si hay alguien en la alcaldía delegado para tal fin pero lo cierto es que no hemos visto hasta el momento esa disposición por parte de la administración distrital para dar solución efectiva a un problema que viene agobiando al cabildo indígena. Esperamos, eso sí, que se le pueda dar cumplimiento a las disposiciones de la Procuraduría General de la Nación y que no nos releguen y nos abandonen como viene ocurriendo”, comentó Suárez quien recordó que la última reunión que se adelantó con el distrito fue el 19 de febrero para tomar acciones puntuales pero esto quedó prácticamente en letra muerta.
EL DISTRITO AÚN NO LE RESPONDE AL CABILDO INDÍGENA
Suárez precisó, que el 30 de julio de la presente anualidad, el Procurador General de la Nación, en dirección del Procurador para Asuntos Étnicos, Richard Moreno, convocó a una reunión de seguimiento en la que participaron la Defensoría del Pueblo, Personería Distrital, Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior, la Autoridad de Consulta Previa, la administración y la Gobernación del Departamento.
Dicha actividad tenía como fin determinar las acciones y los seguimientos a los compromisos adquiridos con el cabildo indígena a los que poco o nada se les ha prestado atención hasta el momento. Suárez destacó lo diligente que ha sido la administración departamental y la empresa privada, en esto de darle solución a un problema que viene de tiempo atrás, y espera que una vez superado el impase con la administración distrital, se le pueda dar trámite a la compra del terreno y dejar así, el predio donde viven actualmente en una constante amenaza por parte del propietario que lo viene reclamando.
“La Gobernación dispone de los recursos al igual que la empresa privada pero la administración distrital ha sido pasiva frente al tema. A estas alturas no se ha firmado el convenio interadministrativo entre la alcaldía y la gobernación para que se le pueda dar cumplimiento a la compra del predio. Por parte de la administración no sabemos si se tienen que reincorporar los recursos. Nos preocupa porque ya corre el segundo semestre del año y no tenemos respuestas por parte de la administración”, concluyó.