Por Rubén Rodríguez G
En Cartagena y Bolívar crece la inconformidad frente a los incrementos en las facturas de energía que se nos vienen. Comunidades y líderes sociales podrían plantearse que la región se acogiera a la Desobediencia Civil, negándose a pagar el servicio, obligando de esta forma a que la CREG estudie excepciones y ajustes a las resoluciones que fijan las nuevas tarifas fundamentadas en el programa Energía Eficiente.
La molestia es evidente: las intensas olas de calor nos obligan a un mayor consumo eléctrico y las tarifas continuarán subiendo sin freno. Para nadie es mentira que Afinia se frota las manos esperando los cobros de estas nuevas tarifas para las familias costeñas sobre el precepto de que aquí en Cartagena y Bolívar nadie ahorra energía. Quisiera conocer el primer ciudadano que la empresa ponga como ejemplo en su factura sobre el ahorro que está proponiendo la Creg.
El llamado ahora es para la Bancada Costeña en el Congreso, especialmente la de Bolívar, para que abra un debate nacional y exija a la CREG replantear el esquema tarifario. Lo que se quiere es que reconozcan las condiciones particulares de la región Caribe y se implementen mecanismos de ahorro que alivien la carga económica de los hogares.
Y mientras la Creg regula tarifas desde el interior del país con vestidos de paño, abrigándose del frío, el presidente Abelardo de la Espriella está en Barranquilla y muy seguramente, como se dice, de la botella se ha tomado un trago con las olas de calor.
La propuesta de Desobediencia Civil se perfila como una medida de presión legítima para que el Gobierno nos pueda atender las demandas de justicia tarifaria. Es hora de que la voz del Caribe se escuche en el interior del país. Esta lucha debe convertirse en prioridad política y social.
En este contexto, la presión ciudadana también se refleja en las calles y en las redes sociales, donde cada vez más usuarios expresan su inconformidad con los cobros de energía. La sensación generalizada es que la región Caribe ha sido históricamente relegada en materia de servicios públicos, y que las tarifas actuales profundizan esa desigualdad. La propuesta de la Desobediencia Civil se interpreta como un mecanismo de resistencia pacífica que busca visibilizar la problemática y obligar a las autoridades a actuar.
Además, organizaciones comunitarias y líderes barriales han comenzado a articularse para dar fuerza a este llamado, planteando que la unión de Cartagena, Bolívar y otros departamentos de la Costa podría generar un impacto político significativo. La idea es que la protesta no se quede en un reclamo aislado, sino que se convierta en un movimiento regional capaz de presionar cambios estructurales en la regulación del servicio de energía.
La situación de las tarifas de energía en la Costa Caribe exige una respuesta firme y coordinada. La Desobediencia Civil, más que un acto de rebeldía, se plantea como una estrategia legítima para reclamar justicia tarifaria y condiciones dignas de acceso al servicio. Si la Bancada Costeña logra llevar este debate al Congreso y la CREG atiende las demandas de la región, se abriría la posibilidad de un nuevo modelo que reconozca las particularidades del Caribe y alivie la carga económica de sus habitantes.
