En Cartagena, como en toda democracia, la oposición política es legítima y necesaria. Criticar al gobierno, debatir sus decisiones y ejercer el derecho a réplica son prácticas que fortalecen la institucionalidad. Sin embargo, lo que se ha venido configurando en la ciudad no responde a un ejercicio político sano, sino a un fenómeno de ataques sistemáticos que algunos analistas ya han denominado un “cartel de la calumnia”.
Este grupo de personas y portales no actúa desde la confrontación ideológica ni desde el control ciudadano, sino desde enemistades personales o intereses particulares. En lugar de acudir a los organismos competentes para denunciar posibles irregularidades, recurren a redes sociales y programas digitales para lanzar acusaciones sin pruebas, con el único propósito de desprestigiar y generar escándalo.
La sistematicidad de estos ataques es evidente: los mismos actores repiten diariamente señalamientos contra el gobierno y sus funcionarios, sin importar el tema. No se trata de críticas puntuales sobre políticas públicas, sino de una estrategia de desgaste permanente que encaja en los tipos penales de injuria y calumnia, al imputar delitos sin verificación ni sustento probatorio.
Juristas advierten que la organización y planificación de estas acciones podría incluso configurar un “concierto para delinquir”. No hablamos de ciudadanos inconformes, sino de un grupo estructurado que ha convertido la difamación en metodología. Este fenómeno, además de ilegal, erosiona la confianza ciudadana y degrada el debate democrático.
Cartagena merece un debate político serio, transparente y respetuoso. La crítica es válida cuando se sustenta en hechos y se canaliza por los mecanismos institucionales. Convertir la oposición en un “cartel de la calumnia” no solo es injusto para quienes gobiernan, sino que daña la democracia misma. Ser buen cartagenero implica construir, no destruir, y apostar por una política que dignifique a la ciudad y a sus ciudadanos.
