La reciente detención de los jóvenes conocidos como Tirito y Dula, responsables de atracar a una señora en plena subida de La Popa, volvió a poner sobre la mesa un problema que Cartagena conoce demasiado bien: la captura no siempre significa cárcel, y mucho menos justicia. El alcalde lo anticipó con claridad: podían ser detenidos, pero nada aseguraba que permanecieran privados de la libertad. Y, como tantas veces, la predicción parece cumplirse.
Desde la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, el sistema penal colombiano exige un procedimiento lleno de solemnidades y requisitos que, si no se cumplen al pie de la letra, terminan favoreciendo al capturado. Basta con que un juez encuentre una irregularidad en la legalización de la captura, o que el delito no amerite medida de aseguramiento, para que el presunto delincuente regrese a la calle en cuestión de horas. Incluso cuando la captura es correcta y la imputación procede, el juez puede considerar que el acusado no representa un peligro para la sociedad ni para el proceso, y otorgar la libertad.
La frustración ciudadana es comprensible: se espera que quien comete un delito flagrante reciba un castigo inmediato. Pero la realidad jurídica es otra: nadie puede ser encarcelado sin condena, salvo que se cumplan estrictos requisitos de aseguramiento. Esa garantía, que protege a todos frente a abusos del Estado, se convierte en un obstáculo cuando la percepción social es que la justicia favorece más al delincuente que a la víctima.
El problema no es nuevo, pero sí urgente. La ciudadanía se indigna al ver que quienes atracan a plena luz del día, frente a testigos, recuperan su libertad en menos de 24 horas. Esa indignación no puede ser ignorada. El sistema judicial necesita ajustes que permitan equilibrar las garantías procesales con la necesidad de proteger a la sociedad y dar respuesta efectiva al delito. No se trata de sacrificar derechos fundamentales, sino de revisar procedimientos que hoy parecen diseñados para que la captura sea apenas un trámite fugaz.
Mientras tanto, la sensación de impunidad crece y la confianza en las instituciones se erosiona. El caso de ‘el Tirito’ y ‘el Douglas’ es apenas un ejemplo más de un fenómeno que se repite en Cartagena y en todo el país. La reforma judicial pendiente debe enfrentar este dilema: cómo garantizar que la ley se cumpla sin que la formalidad se convierta en el mejor aliado de quienes delinquen. Porque la justicia que se percibe como ineficaz, tarde o temprano, deja de ser justicia.
