En el año 2019 a través de una acción de tutela, interpuesta y promovida por el Doctor Arturo Zea Solano, quien fungía para la época como Defensor del Pueblo en Bolívar, en la cual se ordenaba el traslado del Centro Carcelario de Mujeres o Cárcel de San Diego, al Distrito de Cartagena, el gobierno de esntonces en cabeza del Dr, Pedrito Pereira Caballero, se dispuso cumplir dicha providencia, ante el inminente peligro que amenazaba a las reclusas. Es de resaltar que por mas de 10 años alcaldías anteriores, trataron de realizar este traslado, sin cumplir este objetivo.
De esta manera fue así como el gobierno de Pereira, en cabeza de su Secretario del Interior el Dr. José Carlos Puello, hicieron las respectivas diligencias para que La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, viniera a Cartagena y pudiera avalar los predios que estaban en la ciudad o sus alrededores, para el traslado del recinto carcelario. El contrato en el 2019 solo pagó 15 días de arriendo por el inmueble que aprobó la USPEC para tal fin, ubicado en la Urbanización Horizonte cerca al municipio de Turbaco.
2020 DETRIMENTO PATRIMONIAL
En la administración de William Dau, según lo denuncia el sr ALVARO PALLARES OROZCO, la alcaldía no quería suministrar la información, por lo tanto tuvieron que recurrir a la Acción de Tutela, para poder acceder a la información pertinente, y solo con un desacato fue posible que les enviaran toda la documentación del predio, del contrato y de sus documentos anexos.
Según Pallares Orozco, el predio donde funciona la cárcel tiene una estación de gasolina, un almacén de lubricantes y cambio de aceites, además de un parqueadero, con un total de 5.000 metros cuadrados, esto quiere decir que en el bien inmueble arrendado funcionan una serie de negocios comerciales de particulares. Además de lo anterior, según lo expresado en la denuncia el sitio tampoco tiene agua potable, ni alcantarillado, sometiendo a las reclusas a una posible emergencia sanitaria.
Una de los hallazgos que hace la contraloría en su estudio, es que el canon de arriendo comprende 5.000 metros cuadrados, mientras que la cárcel solo alberga 1.500 metros cuadrados, con lo cual debió bajarse el valor del canon y no seguir pagando la suma de 150 millones de pesos. En total el detrimento patrimonial en este caso, estaría en la suma de los 800 millones de pesos.
