La Veeduría Ciudadana a la Rama Judicial de Cartagena (VEJUCA) consiguió un fallo histórico frente a Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. — ACUACAR. El Juzgado 803 Civil Municipal Transitorio, bajo la dirección del juez Benjamín Benavides Montañez, ordenó a la empresa responder en un plazo improrrogable de 48 horas a una petición ciudadana que exigía documentos clave sobre el sistema de tratamiento de aguas residuales.
Entre los informes que ACUACAR deberá entregar figuran el Plan de Manejo Ambiental, los reportes de cumplimiento de 2024 y 2025, registros de descargas de la EBAR El Bosque y el estado de cumplimiento de la Resolución 1898 de 2025. La orden judicial se produce tras hallazgos de CARDIQUE que revelaron vertimientos sin tratamiento previo y un plan ambiental “completamente desactualizado y obsoleto”.
El fallo también desarmó la defensa de ACUACAR, que intentó desconocer la legitimidad de VEJUCA. El juzgado ratificó la existencia legal de la veeduría desde 2012 y la representación de Erick José Urueta Benavides, consolidando así el derecho ciudadano a ejercer control social sobre los servicios públicos domiciliarios.
Para VEJUCA, esta decisión representa un precedente contundente en la defensa del ambiente sano y la participación ciudadana. La organización reafirmó su compromiso con la vigilancia del cumplimiento de la licencia ambiental y con el acceso a información pública que permita evaluar la gestión de los operadores de servicios.
La veeduría anunció que hará seguimiento estricto al cumplimiento de la orden judicial y advirtió que, en caso de incumplimiento, activará mecanismos de desacato y acciones disciplinarias, fiscales y penales. En resumen: la ciudadanía organizada le ganó un pulso judicial a una de las empresas más poderosas de Cartagena, y el reloj ya está corriendo para que ACUACAR cumpla.
