La Veeduría de la Rama Judicial lanzó un fuerte pronunciamiento contra la estrategia de Aguas de Cartagena. Asegura que la entidad contrató firmas de abogados de Bogotá para defender sus intereses, de acuerdo con el pronunciamiento, esta situación afecta el interés ciudadano con el fin de defender sus intereses particulares.
El organismo de control social precisó que Cartagena no se dejará intimidar por bufetes de élite ni por tácticas legales diseñadas para proteger a la empresa, mientras la ciudadanía sigue padeciendo deficiencias en el servicio. “Nuestro compromiso es con la transparencia, la legalidad y la defensa del interés general”, enfatizó la veeduría, que además respaldó la postura del alcalde mayor de revisar de fondo la continuidad de Aguas de Cartagena.
La declaración subraya que las decisiones deben tomarse en derecho, priorizando siempre el bienestar de los cartageneros. “No retrocederemos ni guardaremos silencio. Seguiremos ejerciendo control ciudadano con argumentos, pruebas y respeto por la Constitución y la ley”, añadieron, dejando claro que el interés de la ciudad está por encima de cualquier poder económico o jurídico.
La Veeduría de la Rama Judicial respalda plenamente la posición del alcalde mayor de Cartagena, quien ha manifestado la necesidad de revisar de fondo la continuidad de Aguas de Cartagena. Este apoyo no es un gesto aislado, sino la convicción de que la voz de la ciudadanía debe prevalecer sobre cualquier estrategia jurídica diseñada para blindar intereses privados. El liderazgo del alcalde, al poner sobre la mesa las inconformidades ciudadanas, representa un paso firme hacia la transparencia y la justicia que Cartagena reclama.
En este contexto, la veeduría reafirma que acompañará al mandatario en la defensa del bienestar colectivo, porque la ciudad necesita decisiones valientes que prioricen a los cartageneros por encima de cualquier poder económico. El respaldo al alcalde es también un respaldo a la idea de que gobernar significa escuchar, corregir y actuar en favor de la gente. Cartagena exige soluciones reales y la unión entre ciudadanía y administración es la garantía de que ningún bufete de élite podrá imponerse sobre los derechos de la población.
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