OPINION/
Durante años, los habitantes de la región Caribe han convivido con una de las mayores paradojas del servicio público de energía en Colombia: mientras las autoridades insisten en promover el ahorro y el uso eficiente de la electricidad, miles de usuarios sienten que reducir el consumo no se traduce en una disminución proporcional del valor de la factura. Esa percepción, ampliamente extendida entre los clientes de Afinia, ha deteriorado la confianza en el sistema tarifario y ha convertido el recibo de la luz en una de las principales preocupaciones económicas de los hogares.
La inconformidad no se limita al valor total de la factura. Muchos usuarios sostienen que, al disminuir su consumo, el costo promedio por kilovatio-hora aumenta, mientras que quienes registran consumos más altos terminan pagando un valor unitario relativamente menor. En consecuencia, la reducción del consumo no siempre genera el alivio económico esperado.
Desde el punto de vista jurídico y regulatorio, es importante hacer una precisión: la empresa comercializadora no puede fijar arbitrariamente el precio del kilovatio-hora. Las tarifas están sujetas a las metodologías establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que determina el costo unitario del servicio con base en componentes como generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas reconocidas y restricciones del sistema.
Sin embargo, que la fórmula esté regulada no significa que el resultado sea necesariamente justo desde la perspectiva del usuario. La Ley 142 de 1994, en sus principios orientadores, establece que las tarifas de los servicios públicos deben respetar criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redisistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. Cuando un ciudadano no logra comprender por qué, consumiendo menos, el ahorro en pesos resulta mínimo, surge una legítima duda sobre si el principio de transparencia realmente se está materializando.
El problema se agrava porque la factura no depende exclusivamente del número de kilovatios consumidos. En ella intervienen subsidios, contribuciones, cargos regulados y otros componentes que hacen que el costo promedio por kilovatio no sea lineal. Para muchos usuarios, esa complejidad termina convirtiéndose en una sensación de indefensión frente a un sistema que consideran imposible de entender.
A ello se suma un aspecto que no puede ignorarse: la calidad del servicio. Las interrupciones frecuentes, las fluctuaciones de voltaje y los daños en electrodomésticos han sido motivo permanente de reclamaciones en distintos departamentos donde opera Afinia. La legislación colombiana reconoce el derecho de los usuarios a recibir un servicio continuo y de calidad, y también les otorga mecanismos para reclamar cuando consideran que existe una facturación errónea o una deficiente prestación del servicio.
El artículo 9 de la Ley 142 de 1994 reconoce a los usuarios el derecho a obtener una prestación eficiente del servicio y a presentar peticiones, quejas y recursos frente a la empresa prestadora. Esa protección no es una concesión; es una garantía legal que busca equilibrar la relación entre una empresa con posición dominante y millones de consumidores.
La discusión de fondo, entonces, trasciende a Afinia. Se trata de preguntarse si el actual modelo tarifario realmente incentiva el ahorro energético. Porque si una familia hace el esfuerzo de apagar bombillos, reducir el uso del aire acondicionado y controlar el consumo, pero al final percibe que el costo unitario aumenta y el alivio económico es marginal, el mensaje que recibe es profundamente contradictorio: ahorrar deja de ser un incentivo y termina convirtiéndose en una frustración.
El debate no debería centrarse únicamente en culpar a una empresa o a otra. También corresponde a la CREG, a la Superintendencia de Servicios Públicos y al Gobierno Nacional revisar si la metodología tarifaria vigente cumple con los principios constitucionales de equidad y transparencia. Una regulación técnicamente correcta puede resultar socialmente insuficiente si los ciudadanos no perciben justicia en su aplicación.
Los habitantes de la Costa Caribe no reclaman privilegios. Reclaman algo mucho más elemental: que el esfuerzo por consumir menos se refleje de manera clara en la factura, que el servicio corresponda al alto costo que pagan y que el sistema tarifario sea comprensible para cualquier ciudadano. Cuando eso no ocurre, la confianza en las instituciones se erosiona y el servicio público deja de verse como un derecho para convertirse, lamentablemente, en una carga cada vez más difícil de soportar.
