La Tasa Interna de Retorno aún no se ha cumplido y se encuentra en un 16,855, es lo que concluye un Informe Técnico de la Procuraduría General de la Nación a través de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. El documento se conoció de cara a la Mesa de Negociación que se adelanta en la sede de la Defensoría del Pueblo con las fuerzas vivas de la ciudad a fin de encontrar una salida negociada al tema de los peajes internos en la ciudad de Cartagena.
El documento sorprendió a la administración distrital teniendo en cuenta que su fundamento legal se cimentaba en el auto que recientemente había dado a conocer la Contraloría General en donde señalaba que la Tasa Interna de Retorno se había logrado desde el año 2015.
Ulises Durán, abogado de la Concesión Vial, manifestó que el informe deja claro que aún no se ha cumplido la TIR y que está próxima al 17 % y esto permite clarificar las imputaciones que le han hecho al contrato y a la concesión. Esta claridad permite establecer que las diferencias entre la alcaldía y la concesión. Para el jurista esta situación debe dirimirse en el marco del Tribunal de Arbitramento que se cumplirá en la Cámara de Comercio de la ciudad de Cartagena.
Los juristas que representan los intereses de la Concesión han manifestado que muy a pesar que está próxima la fecha para bajar las talanqueras, la cual se cumple el próximo 25 de abril, los ojos de esta entidad no están puestos en los límites que impone el calendario, sino que se llegue a un acuerdo con el que todos estén de acuerdo y no se afecte la ciudad.
“Es importante que se sepa que la concesión ha cumplido el acuerdo durante estos dos meses y con el documento de la Procuraduría podemos decir hoy que la Concesión Vial de Cartagena no se ha cobrado un solo peso que no corresponda y contraste con la inversión y operación durante el término de desarrollo y ejecución del contrato”, puntualizó Durán.
Finalmente, se propuso por parte de la Concesión que el acuerdo se extienda por dos meses más para seguir consolidando un acuerdo en el que se tenga presente el respeto por la autoridad y ante todo se acojan las partes a la administración de justicia. “Tapar los peajes y las vías públicas es un delito y no se debe soportar esta situación que debe encontrar en la administración la respectiva autoridad para que impere el orden público”, concluyó el abogado.
