Por Rodrigo Velásquez Ángel (*)
Lo institucional, lo natural y lo cívico: los tres capitales del futuro
Recientemente, Cartagena recibió una lección de gobernanza tan silenciosa como trascendental. La decisión judicial derivada de una acción popular para proteger la Ciénaga de Las Quintas trasciende el ámbito ambiental. Representa, al mismo tiempo, una gran alerta y una gran oportunidad.
Pero ¿qué es la gobernanza? En palabras sencillas, es la capacidad de una sociedad para resolver sus problemas trabajando juntos. Es cuando las instituciones cumplen su deber, los ciudadanos asumen su responsabilidad, el sector privado aporta soluciones y las reglas funcionan antes de que los conflictos lleguen a un juez. Gobernar es ejercer autoridad; gobernanza es lograr que toda la sociedad coopere para proteger el bien común.
La situación de la Ciénaga de Las Quintas no apareció de un día para otro. Es el resultado de décadas de acumulación de problemas ambientales, urbanísticos, institucionales y culturales. Durante años se fueron sumando residuos, vertimientos, ocupaciones inadecuadas, deficiencias en la gestión pública y comportamientos ciudadanos que terminaron deteriorando uno de los ecosistemas estratégicos de Cartagena.
Precisamente por eso, la reciente acción popular marca un punto de inflexión. No porque una decisión judicial vaya a resolver, por sí sola, un problema construido durante décadas, sino porque obliga a todos los actores a asumir responsabilidades y recuerda que los derechos colectivos pueden hacerse efectivos cuando las demás instancias han fallado. Es una señal de alerta sobre lo que no funcionó, pero también una oportunidad para reconstruir la gobernanza alrededor de un propósito común.
La basura visible y la basura invisible
En realidad, las basuras que hoy vemos flotando sobre la ciénaga son apenas la expresión visible de otras basuras mucho más difíciles de remover. También se acumulan la indiferencia, la improvisación, la falta de coordinación, el incumplimiento de las normas y la idea equivocada de que el espacio público y el patrimonio ambiental siempre pertenecen a alguien más.
Como ocurre con cualquier ecosistema, aquello que no se atiende a tiempo termina convirtiéndose en un problema más complejo y costoso de resolver. Las sociedades tampoco colapsan de un día para otro. Se deterioran lentamente por la acumulación silenciosa de pequeños descuidos, omisiones repetidas y responsabilidades aplazadas.
La basura visible suele ser apenas el síntoma de una basura invisible que terminó ocupando las instituciones, las decisiones y, en ocasiones, la propia cultura ciudadana. Lo que hay es lo que ves.
Los tres capitales estratégicos
La principal enseñanza trasciende la recuperación de una ciénaga. Permite comprender que la prosperidad sostenible de una ciudad, una región o una sociedad descansa sobre tres activos estratégicos que deben fortalecerse simultáneamente: el capital institucional, el capital natural y el capital cívico.
Podría decirse que toda sociedad sostenible descansa sobre este trípode. El capital institucional representa la capacidad del Estado para planear, coordinar, prevenir y hacer cumplir las reglas. El capital natural reúne los ecosistemas y recursos que sostienen la vida, la economía y la resiliencia del territorio. El capital cívico expresa la confianza, la cultura ciudadana y la corresponsabilidad que hacen posible proteger el bien común.
Cuando uno de estos capitales se debilita, los otros dos terminan soportando las consecuencias.
En el siglo XXI, las naciones ya no competirán únicamente por el tamaño de su economía, la calidad de su infraestructura o el desarrollo de su tecnología. Competirán, sobre todo, por su capacidad para conservar y fortalecer estos tres capitales estratégicos. La verdadera riqueza de una sociedad no se mide solamente por lo que produce, sino también por lo que es capaz de proteger, coordinar y transmitir a las siguientes generaciones.
La Constitución como arquitectura de la gobernanza
Lo extraordinario es que Colombia decidió proteger estos tres capitales desde la Constitución de 1991. Mucho antes de que la sostenibilidad y la gobernanza ocuparan un lugar central en la agenda mundial, nuestra Carta Política comprendió que el desarrollo no podía reducirse al crecimiento económico.
Reconoció que existen bienes comunes cuyo cuidado determina la calidad de vida, la cohesión social y el futuro de la Nación. Elevó el ambiente sano, el patrimonio ecológico, el espacio público y los demás derechos colectivos al más alto rango constitucional, dotando a los ciudadanos de mecanismos efectivos para protegerlos cuando las instituciones no fueran suficientes.
Esa visión convirtió a la Constitución de 1991 en una de las más modernas y garantistas de América Latina. No solo reconoció derechos; creó mecanismos para hacerlos efectivos. Entre ellos, la acción popular, desarrollada por la Ley 472 de 1998, constituye una de las expresiones más poderosas de la democracia participativa: cualquier ciudadano puede acudir ante un juez para defender el interés colectivo cuando este se encuentra amenazado.
La Constitución de 1991 no solo organizó el poder público; democratizó la protección del patrimonio común. Comprendió que una democracia madura no puede depender exclusivamente de sus gobernantes y dotó a los ciudadanos de herramientas para cuidar aquello que pertenece a todos.
Por eso las acciones populares, junto con los demás mecanismos de participación y control ciudadano, no son simples instrumentos jurídicos. Son una invitación permanente a ejercer ciudadanía. El patrimonio colectivo dejó de tener un único guardián: tiene millones.
Sin embargo, la grandeza de estos instrumentos también deja una enseñanza. Su existencia fortalece la democracia; su uso frecuente indica que la gobernanza falló en prevenir oportunamente el problema. Las acciones populares no fueron concebidas para sustituir la buena administración, sino para rescatar el interés general cuando la prevención, la coordinación institucional y la corresponsabilidad social ya no fueron suficientes.
Hoy, frente al cambio climático, el crecimiento urbano y la pérdida de biodiversidad, ninguna institución puede actuar sola. La prosperidad sostenible exige que el capital institucional, el capital natural y el capital cívico funcionen como un solo sistema.
Las instituciones aportan las reglas y las capacidades; la naturaleza ofrece la base sobre la que se construye el bienestar; la ciudadanía convierte ambos en una realidad cotidiana.
Quizá esa sea la enseñanza más profunda que deja la Ciénaga de Las Quintas. No estamos simplemente frente a un ecosistema que necesita ser recuperado. Estamos frente a una oportunidad para recordar que Colombia ya posee buena parte de los recursos necesarios para construir un futuro sostenible: una Constitución visionaria, una riqueza natural excepcional y ciudadanos con herramientas para proteger el interés colectivo.
El desafío consiste en comprender que esos tres capitales ya nos pertenecen. No son patrimonio exclusivo del Estado, de los jueces o de las autoridades ambientales. Son activos estratégicos de toda la Nación y, al mismo tiempo, una responsabilidad compartida por cada uno de nosotros.
Porque las sociedades más prósperas no son aquellas que esperan que las instituciones resuelvan todos sus problemas. Son aquellas en las que los ciudadanos entienden que ellos también son custodios de su democracia, de su naturaleza y de su futuro.
Las sociedades no heredan su prosperidad; la construyen administrando inteligentemente tres capitales: el institucional, el natural y el cívico.
La Ciénaga de Las Quintas deja una lección que trasciende a Cartagena. Nos recuerda que el desarrollo sostenible no comienza cuando se profiere una sentencia. Comienza mucho antes: cuando una sociedad decide cuidar, de manera consciente y colectiva, los tres capitales que sostienen su futuro: el institucional, el natural y el cívico.
(*) Magíster en Asuntos Internacionales, Comunicador Social – Universidad Externado de Colombia
