Por Rodrigo Velásquez Ángel (*)
De Chernóbil a Silicon Valley
La noche del 26 de abril de 1986, la central nuclear de Chernóbil dejó de ser una instalación industrial y se convirtió, en cuestión de segundos, en una amenaza que sus propios operadores apenas podían comprender.
En la sala de control del reactor número 4, los instrumentos mostraban señales difíciles de interpretar. El reactor había sufrido una explosión, pero durante las primeras horas no se comprendió plenamente la magnitud de la destrucción del núcleo. Los operadores intentaban reconstruir lo ocurrido mientras procuraban recuperar el control de una instalación que ya no respondía como debía.
Pero el problema no estaba solamente dentro del reactor. Estaba también fuera de él. A medida que la información ascendía por la estructura soviética, el accidente dejaba de ser un problema exclusivamente de ingeniería nuclear para convertirse también en un problema político: qué había ocurrido realmente, quién debía actuar, qué información podía transmitirse y hasta dónde podía reconocerse la magnitud de
la catástrofe.
Los ingenieros necesitaban comprender qué estaba sucediendo. Los funcionarios necesitaban comprender qué significaba políticamente. Y entre ambas necesidades comenzó a abrirse un vacío. La física, sin embargo, no negocia con la burocracia. El reactor no obedece al secretario del partido. La radiación no espera una autorización administrativa.
Chernóbil fue mucho más que la historia de una tecnología que falló. Fue también la historia de un sistema en el que el conocimiento técnico, la toma de decisiones, la comunicación y la cultura de seguridad estaban condicionados por una estructura institucional que no estaba preparada para responder adecuadamente a una situación de esa magnitud. Casi cuarenta años después, el reactor ya no es nuclear: es digital.
El nuevo poder
En 1986, el poder tecnológico estratégico estaba mucho más concentrado en los Estados. Washington y Moscú competían por el dominio militar y estratégico del átomo, y la soberanía territorial constituía el marco principal dentro del cual se tomaban las decisiones.
Hoy el mapa es diferente. Una parte creciente del poder tecnológico está también en manos de corporaciones que controlan algoritmos, chips, modelos de inteligencia artificial, centros de datos y enormes cantidades de información. La geopolítica ya no se juega solamente entre gobiernos. También se juega en laboratorios, mercados y cadenas tecnológicas que atraviesan fronteras. Pero la diferencia más profunda no está solamente en quién posee la tecnología. Está en lo que la tecnología puede hacer.
La inteligencia artificial no es únicamente una herramienta que ejecuta instrucciones. Puede producir información, identificar patrones, recomendar cursos de acción y participar, cada vez más, en procesos de decisión que tradicionalmente dependían de la intervención humana.
Por eso el problema ya no consiste solamente en quién controla la tecnología. Es quién controla a quienes controlan la tecnología. Y qué ocurre si, finalmente, la tecnología comienza a controlar a quienes la controlan.
Durante la era atómica, la comunidad internacional tuvo que aprender que una tecnología capaz de producir consecuencias globales no podía quedar sometida exclusivamente a las decisiones nacionales. El Organismo Internacional de Energía Atómica había sido creado en 1957 y, después de Chernóbil, la cooperación internacional en materia de seguridad nuclear adquirió todavía mayor importancia.
La inteligencia artificial plantea un desafío semejante, pero con una diferencia decisiva: la carrera tecnológica ya no se desarrolla dentro de las fronteras ni bajo las mismas reglas de la era atómica. Su capacidad de expansión es global y su impacto puede extenderse mucho más allá del lugar donde una tecnología es
creada.
La gobernanza internacional está intentando alcanzar ese nuevo escenario. En 2024, los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron el Pacto Digital Mundial y, en 2025, la Asamblea General creó el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA. En julio de 2026, los 193 Estados miembros participaron en ese espacio
junto con representantes del sector privado, la academia, la sociedad civil y la comunidad técnica.
Es un comienzo importante. Pero también revela la distancia que todavía existe entre reconocer un problema y disponer de una estructura capaz de gobernarlo. El propio Diálogo Global es un espacio de deliberación y cooperación, no un órgano legislativo internacional.
La pregunta, entonces, empieza a cambiar. Ya no se trata solamente de quién puede construir la inteligencia artificial más poderosa, sino de quién tiene autoridad para decidir hasta dónde debe llegar.
¿Quién manda a quién?
Aquí aparece una pregunta todavía más profunda. Estamos frente a una nueva capacidad de intervención dentro de la sociedad —económica, social y cultural— que todavía no cabe completamente dentro de nuestros marcos jurídicos, pero que ya puede producir información, recomendar cursos de acción
y participar en decisiones que antes pertenecían exclusivamente a los seres humanos.
La inteligencia artificial está evolucionando más rápido que nuestra capacidad institucional para comprenderla y gobernarla. Y eso plantea una cuestión que la era atómica no tuvo que enfrentar de la misma manera. La tecnología nuclear podía liberar una energía extraordinaria, pero no podía tomar decisiones. La inteligencia artificial sí puede participar e influir bastante en ellas.
¿Quién tiene autoridad en esta nueva relación? ¿Los seres humanos sobre las máquinas? ¿Los Estados sobre las corporaciones? ¿Las corporaciones sobre los sistemas que desarrollan? ¿O estamos creando una zona de poder en la que las responsabilidades comienzan a diluirse entre quienes diseñan, desarrollan, utilizan y regulan estos sistemas?
Por eso el debate sobre la inteligencia artificial no puede reducirse a la regulación de una tecnología. Si nuestras instituciones fueron diseñadas para gobernar seres humanos y organizaciones humanas, ¿son suficientes para gobernar sistemas que empiezan a participar en la producción de conocimiento y en la toma de decisiones?
Tal vez el desafío no consista solamente en crear nuevas leyes. Tal vez tengamos que revisar la propia arquitectura de gobernanza con la que intentamos mantener bajo control una tecnología cuyo alcance ya es global.
¿Qué es la IA para el derecho internacional?
Y aquí aparece la pregunta inevitable: ¿quién gobierna la inteligencia artificial a escala global? Existen leyes nacionales, regulaciones regionales, principios internacionales y organismos que intentan coordinar respuestas. Pero hay una pregunta todavía más elemental: ¿qué es jurídicamente la inteligencia artificial?
Hasta ahora la hemos tratado como una herramienta, un producto o un servicio. Sin embargo, una tecnología que produce información, recomienda acciones, interactúa con personas y participa en decisiones trascendentales empieza a ocupar un lugar distinto dentro de la sociedad.
El derecho ha creado categorías para reconocer formas de organización y de actuación que no son personas humanas. Las empresas, por ejemplo, tienen personalidad jurídica y pueden asumir obligaciones y responsabilidades. Los Estados y determinadas organizaciones también tienen un lugar reconocido dentro del orden jurídico internacional.
Entonces surge una pregunta incómoda: ¿ha llegado el momento de pensar en un estatus jurídico específico para la inteligencia artificial?
No necesariamente para convertirla en persona ni atribuirle derechos como a los humanos, sino para comenzar a pensar en una categoría que permita reconocer su creciente capacidad de intervención.
La pregunta no es si una máquina puede convertirse en un ser humano. La pregunta es si el derecho puede seguir tratando como una simple herramienta a una tecnología cuya capacidad de intervención empieza a modificar las relaciones económicas, sociales y culturales.
Porque si la inteligencia artificial está adquiriendo un espacio propio dentro de nuestras relaciones y dinámicas, quizá haya llegado el momento de preguntarnos si también necesita un lugar propio dentro del orden jurídico.
Todavía estamos intentando encajar una nueva forma de poder dentro de categorías jurídicas diseñadas para un mundo anterior. Y quizá esa sea la lección de Chernóbil a Silicon Valley: antes de que una tecnología nos obligue a inventar las reglas después de la crisis, debemos preguntarnos si nuestras categorías actuales todavía son suficientes para gobernarla.
Rousseau ya había planteado el problema en otros términos: la fuerza, por sí sola, no puede convertirse en autoridad. Si la inteligencia artificial está adquiriendo con tanta fuerza una capacidad de intervención que modifica nuestras relaciones económicas, sociales y culturales, el desafío es determinar qué lugar ocupa dentro del derecho, quién puede gobernarla y quién responde por sus decisiones.
Quizá el futuro nos obligue a replantear el lugar jurídico de la inteligencia artificial. No para convertir la máquina en ser humano, sino para determinar qué categoría jurídica permite reconocer su creciente capacidad de intervención sin diluir la responsabilidad de quienes la diseñan, desarrollan, despliegan o utilizan.
Porque cuando el reactor es nuclear, la crisis puede comenzar con una explosión. Pero cuando el reactor es digital, puede comenzar con una decisión que cambie el rumbo de la humanidad.
Y para entonces, la pregunta ya no será solamente quién tenía el control. Será quién tenía la responsabilidad. Como en Chernóbil.
(*) Magister en Asuntos Internacionales | Comunicador Social – Universidad Externado de Colombia
