El plan estratégico de seguridad anunciado por el presidente electo Abelardo de la Espriella marca un giro decisivo en la política nacional. Su propuesta de articular esfuerzos entre el Gobierno central y las regiones busca enfrentar de manera directa los fenómenos criminales que han golpeado a ciudades como Cartagena. La idea de brigadas especiales y un pie de fuerza reforzado es una señal clara de que la seguridad será prioridad desde el 7 de agosto.
Pero la seguridad no se construye solo con planes y estrategias. Se sostiene en los hombres y mujeres que, día tras día, patrullan las calles, enfrentan el crimen y arriesgan su vida por la tranquilidad de los ciudadanos. Policías y militares que, además de cumplir con su deber, deben regresar a sus hogares y responder por sus familias. Para ellos, el salario no es un lujo: es la base de su dignidad y estabilidad.
El ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador es ilustrativo. Su gobierno no solo desplegó una ofensiva contra las pandillas, sino que también garantizó que las Fuerzas Armadas recibieran un salario digno. Esa combinación de estrategia y reconocimiento económico fortaleció la moral de la tropa y consolidó el respaldo ciudadano. Colombia no puede quedarse atrás en este aspecto.
Vale recordar que el expresidente Gustavo Petro decretó un aumento salarial diferencial y una nivelación para la Fuerza Pública, priorizando a los rangos más bajos. Los incrementos llegaron hasta un 25% y la bonificación de auxiliares de policía y soldados se elevó hasta un salario vital cercano a los 1,75 millones de pesos. Fue un paso importante, pero insuficiente frente a la magnitud de los retos actuales.
Si el nuevo gobierno quiere que su plan de seguridad sea sostenible, debe acompañarlo de una política salarial robusta. No basta con exigir disciplina y entrega: hay que garantizar que quienes arriesgan la vida tengan condiciones económicas acordes a su sacrificio. Un soldado o un policía que recibe un salario justo es un servidor público con mayor motivación, compromiso y respaldo social.
La seguridad democrática que propone De la Espriella debe ser integral: más pie de fuerza, más tecnología, más coordinación con las regiones, pero también más justicia salarial. Porque la verdadera paz en las calles se construye cuando quienes la defienden sienten que el Estado los respalda no solo con palabras, sino con hechos concretos en su bolsillo y en su bienestar familiar.
