Tras una jornada de deliberación amplia al interior de las organizaciones sociales y luego de implementada la Ley 2038 de 2020 que engañosamente se titula “Fondo para la erradicación de la pobreza extrema en Cartagena para el año 2033”, un grupo de ciudadanos en Cartagena decidieron acudir a los mecanismos de participación consagrados en la Constitución y proceder a inscribir una consulta popular a fin de que sea la ciudadanía, la que defina “si está de acuerdo, SÍ O NO, con entregarle la facultad de aprobar y ejecutar planes y programas para erradicar la pobreza extrema y la conservación de los recursos naturales del medio ambiente a la junta directiva que manejará el fondo creado por la ley 2038 de 2020”.
Miembros del grupo coinciden así en respaldar las acciones constitucionales presentadas ante la Corte Constitucional, que pretende la declaración de inexequibilidad del articulado de la ley 2038 de 2020; sin embargo consideran indispensable que esas acciones jurídicas sean acompañadas por un proceso de movilización ciudadana, pedagógica y constructiva que le permita entender a la ciudadanía entender las implicaciones que tiene la puesta en vigor de la ley, como instrumento que, a juicio del movimiento, destruye la democracia y la autonomía territorial, privatizando la contratación de proyectos estratégicos para enfrentar la pobreza extrema y adaptar a la ciudad al cambio climático.
“La ley corresponde a un modelo de desarrollo concebido y ejecutado por las élites cartageneras desde nuestra fundación, que se ha extendido con efectos devastadores hasta nuestros días, dejando una estela de miseria, segregación y despojo en una ciudad que es una de las más desiguales del país”, señalan los representantes del movimiento.
Aducen que la ausencia de participación de los dirigentes comunales y colectivos ciudadanos para la estructuración de la ley 2038 de 2.020 es una muestra más de la exclusión que ha caracterizado el modelo de desarrollo elitista que denunciamos. “Un modelo que nos han impuesto para someter y llevar a nuestras comunidades a la tragedia de pobreza que padecen cotidianamente y que han quedado patentes por la pandemia y los eventos del cambio climático”, precisan.
Y concluyen que la aplicación de la ley NO es el camino para superar la miseria, ni es la herramienta adecuada para emprender las obras de adaptación climática que demanda la ciudad, pues estas no pueden entregarse a un organismo que no atiende a rigurosos criterios de orden científico y tecnológico, que debe ser la característica central de una innovadora institucionalidad que enfrente los retos del futuro de Cartagena.