La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara sacudió el panorama político: su presidenta, Gloria Arizabaleta, ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro. La medida, inédita en la historia reciente, se fundamenta en una investigación por presunta participación en política.
La decisión tendrá vigencia hasta el 21 de junio de 2026, día en que se celebrará la segunda vuelta presidencial. El objetivo, según la Comisión, es garantizar la neutralidad institucional en medio de un proceso electoral marcado por la tensión y la polarización.
El oficialismo reaccionó con fuerza, calificando la suspensión como un golpe institucional y denunciando una estrategia de persecución contra Petro. En contraste, la oposición celebró la medida como un triunfo de la institucionalidad y un paso necesario para preservar la transparencia democrática.
El anuncio ha generado un verdadero terremoto político: un presidente apartado de su cargo en plena campaña electoral, un escenario que abre interrogantes sobre la gobernabilidad y el rumbo del país en las próximas semanas.
Con esta decisión, Arizabaleta coloca a Colombia en un punto de quiebre. La suspensión de Petro no solo redefine la contienda presidencial, sino que también pone a prueba la solidez de las instituciones en un momento decisivo para la democracia.
