En la Costa Caribe sabemos que cuando alguien quería dañar el sancocho simplemente le echaba una bola de jabón y la sopa se volvía incomible. Para el alcalde Dumek Turbay, la ministra de Transporte Elsa Noguera le echó jabón al sancocho de las fotomultas. Y no es para menos: una vía rápida, de doble calzada en su gran mayoría, que debería ser símbolo de conexión y progreso entre Barranquilla y Cartagena, terminó convertida en un campo minado con siete cámaras de sanción en su recorrido.
El propósito de esta carretera debería ser unir, no castigar. La suspensión decretada por la ministra fue un alivio inmediato, porque las fotomultas en este tramo no eran viables. No solo porque afectan a miles de usuarios que dependen de la ruta para trabajar, comerciar o disfrutar del entretenimiento caribeño, sino porque desvirtúan el sentido mismo de una infraestructura pensada para la rapidez y la integración.
Pagar peajes ya es un esfuerzo fuerte; añadir sanciones desproporcionadas es un atropello. Barranquilleros y cartageneros no merecen que su movilidad sea tratada como un negocio paralelo. La decisión abre la puerta a una evaluación seria, pero también envía un mensaje claro: las vías rápidas deben ser para avanzar, no para frenar con miedo.
En definitiva, la ministra le echó jabón al sancocho, tal vez para limpiarlo. Y eso, en una región que vive de su dinamismo, era más que necesario. La discusión sobre las fotomultas no es menor: detrás de cada cámara hay un modelo de recaudo que muchas veces se disfraza de seguridad vial, pero que en la práctica se convierte en un negocio que castiga al ciudadano común.
En una vía de alta velocidad y doble calzada, donde la lógica es precisamente la fluidez, instalar siete puntos de sanción es como sembrar obstáculos en una pista diseñada para avanzar. No se trata de desconocer la importancia de la regulación, sino de entender que el contexto importa: esta ruta es el eje de la vida económica y social del Caribe.
Por eso la reacción de Dumek Turbay refleja un sentir colectivo. Barranquilleros y cartageneros saben que su movilidad es parte de su identidad: moverse rápido entre dos ciudades vibrantes es casi un derecho cultural. Las fotomultas, en cambio, introducen miedo, frenan la dinámica y generan rechazo. La suspensión decretada por la ministra no solo limpia el sancocho, también devuelve la confianza en que las decisiones de movilidad deben pensarse con la gente, no contra ella.
