Cartagena carga con una vergüenza diaria. Un exalcalde que convirtió la ofensa en rutina y la calumnia en espectáculo. William Dau no construye ciudad, la erosiona con videos interminables que repiten la misma cantaleta: todos son corruptos, todos delinquen, nadie merece respeto. Lo grave no es solo su obsesión, sino la normalización de ese ruido tóxico que ya parece parte del paisaje urbano.
Dau se presenta como “líder anticorrupción” desde hace 30 años, pero jamás ha mostrado un resultado concreto. Ni una condena, ni un proceso serio, ni una prueba sólida. Su cruzada es puro teatro: sospechas disfrazadas de certezas, ataques sin fundamento y un protagonismo que confunde ficción con gestión.
La ciudad, resignada, lo tolera como se tolera el caos del tráfico o la indisciplina en las colas: molesto, pero cotidiano. Sin embargo, lo que debería ser un ejercicio de control ciudadano se ha transformado en un espectáculo corrosivo que desgasta la confianza pública y humilla a quienes son señalados sin pruebas.
Un exalcalde debería representar decencia y respeto, no convertirse en un francotirador verbal que dispara acusaciones a todo lo que se mueve. Cartagena no puede seguir aceptando que la injuria se disfrace de lucha anticorrupción. La justicia debe reaccionar: no para silenciar la crítica legítima, sino para frenar el abuso sistemático que convierte la palabra en arma destructiva.
La tragedia de este escenario es que Cartagena, una ciudad con enormes retos sociales y económicos, se ve atrapada en el ruido de un personaje que ya no ocupa la alcaldía pero que insiste en monopolizar la conversación pública. En lugar de aportar soluciones, Dau ha convertido su voz en un martillo que golpea sin cesar, debilitando la confianza ciudadana y desviando la atención de los problemas reales que requieren liderazgo y propuestas serias.
El silencio institucional frente a esta conducta es igualmente preocupante: mientras Dau dispara acusaciones sin pruebas, las autoridades parecen incapaces de marcar límites claros. Esa pasividad abre la puerta a que la injuria se normalice como parte del debate público, cuando en realidad debería ser sancionada. Cartagena necesita recuperar la seriedad en su vida política y social, porque tolerar este espectáculo no solo degrada la discusión, sino que erosiona la dignidad de toda la ciudad.
