Como una jugarreta jurídica con la que pretende ser exonerado de su responsabilidad fue calificado por algunos juristas en la ciudad el que el alcalde William Dau le hubiera solicitado a través de un oficio de su apoderado, dirigido al Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, que su proceso de responsabilidad fiscal que lleva la Contraloría Distrital sea manejado desde la capital de la República.
El mandatario distrital intenta así sacar un ‘as’ bajo la manga para intentar ganar una partida que hasta el momento lo compromete y ante la opinión pública en la ciudad no encuentra los argumentos suficientes para justificar el detrimento patrimonial por el inadecuado control de recursos correspondiente a la vigencia fiscal 2020.
Recordemos que la Contraloría Distrital de Cartagena ordenó el embargo de las cuentas del alcalde William Dau y de 42 funcionarios de la administración como medida cautelar dentro del proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta por presuntos pagos indebidos en gastos de representación.
Serían alrededor de 1.100 millones de pesos en gastos de representación que se hicieron durante la vigencia 2020 a secretarios de despacho, director de departamento administrativo, tesorero, gerente, director de escuela, directores administrativos, técnico y operativo; así como a subdirectores administrativos técnicos como financieros y alcaldes locales.
“Decrétese medida cautelar, tomando el 100% de la cuantía del detrimento patrimonial, aumentado en un 50%, para el embargo de las cuentas bancarias, títulos de depósitos, títulos de contenido crediticio, y demás valores de los que sean titulares, beneficiarios o pertenecientes los presuntos responsables. El embargo decretado se limitará, para cada uno de los presuntos responsables fiscales, en la suma de dinero antes señalada, siempre que supere la suma límite de inembargabilidad”, aseguró el auto de la Contraloría.
¿QUÉ DICE EL ABOGADO DE DAU?
Según Jorge Iván Acuña Arrieta, abogado del mandatario distrital, la razón objetiva por las que se eleva la solicitud de intervención de la Contraloría General de la Republica y que atentan sobre la imparcialidad del Contralor Distrital de Cartagena dentro del curso del proceso de responsabilidad fiscal No. 090 de 2021 encuentra su sustento en dudas de la imparcialidad u objetividad de la contraloría territorial y en la falta de eficiencia o efectividad en las acciones de vigilancia y control fiscal por parte de la contraloría territorial.
