Un serio compromiso con las más de 900 familias compradoras de apartamentos en lo que sería el complejo habitacional Aquarela, deberá asumir el Distrito de Cartagena, de no atender ni esperar una orden judicial para demoler el edificio. Así lo hizo saber la Promotora – Calle 47, frente a la decisión que se conoció por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que señaló que es inmediato y no da espera dicha demolición.
En una sin salida se encuentra la administración distrital, teniendo en cuenta que, según la Constructora, la orden policiva de restitución del espacio público presuntamente ocupado solo versa sobre una pequeña parte de la edificación, que Promotora Calle 47 SAS siempre ha estado en la disposición de cumplir con arreglo a la Ley, y no lo ha podido hacer por órdenes judiciales y decisiones administrativas del Distrito. El pretender la demolición total del proyecto es una medida que desconoce lo dispuesto por la autoridad policiva y resulta completamente desproporcionado e irrazonable.
“La opinión emitida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que legalmente no es vinculante, se fundamenta en argumentos tendenciosos y arriba a conclusiones equivocadas que comprometen seriamente la responsabilidad patrimonial del Distrito y la Nación, y toma como sustento el Estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, cuyo contenido ha sido seriamente cuestionado por varios profesionales y agremiaciones dadas las fallas metodológicas y técnicas en las que incurre”, sostiene la constructora a través de un comunicado.
Señalan además que en este estado de cosas, Promotora Calle 47 SAS, continuará atendiendo todos y cada uno de los requerimientos jurídicos en el marco del debido proceso, donde demostrará la legalidad de cada una de sus actuaciones, el rigor técnico de la obra y, de ser el caso, perseguirá el resarcimiento de los daños causados.
Con este ejercicio desmedido de autoridad, el Ministerio de Cultura busca una vez más escudar la falla institucional ante la no adopción oportuna de un plan integral de protección y conservación de la ciudad, que la UNESCO ha solicitado de manera reiterada al Estado colombiano.