Ante las reiterados operativos de la Secretaría del Interior por las fiestas clandestinas y privadas al interior de inmuebles para alquiler turístico en el Centro Histórico de Cartagena, donde, además, se han encontrado drogas y otro tipo de sustancias ilícitas, lo más conducente es aplicar la extinción de dominio a esas propiedades, tal como lo define la Ley 1708 de 2014.

El Colectivo Somos Centro Histórico solicita a las autoridades ampararse en la ley, a fin de frenar estas actividades ilícitas. Con la imposición de esa medida se restablecen los derechos a los residentes de esta zona afectados, además, se protege la ciudad como destino turístico patrimonial, cultural y comunitario conforme a la declaratoria de la UNESCO: Cartagena de Indias, Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.

De acuerdo con la citada ley, la figura extinción de dominio permite al Estado perseguir los bienes destinados a actividades ilícitas, a fin de aclarar, vía judicial, la pérdida del derecho de propiedad sobre un inmueble de quien permite que en su interior se lleven a cabo prácticas delictivas. Lo cual es totalmente aplicable para las casas de alquiler turístico en el Centro Histórico que han sido objeto de operativos policivos.

Precisa la Ley 1708 de 2014, que la propiedad privada tiene una función social, y por esta razón, los propietarios están en la obligación de ejercer vigilancia sobre los inmuebles, aunque su uso esté bajo la modalidad de arrendamiento. En este orden de ideas, los dueños de los inmuebles deben ser cuidadosos con el alquiler, a fin de evitar estos riesgos.

Para el Colectivo Somos Centro Histórico es preocupante el crecimiento de las casas de alquiler turístico en esta parte de la ciudad, con el agravante que expulsa a los residentes, y en cierta forma, acaba con el patrimonio inmaterial de Centro Histórico de Cartagena, lo cual está en contravía a la declaratoria de la UNESCO.

Según el último censo del DANE (2018) se ha perdido en un 50% las viviendas para uso residencial. Mientras que, del total de las viviendas censadas, el 60% están destinadas al uso temporal, grupo en el que se encuentran las de alquiler turísticos. Muchos de estos inmuebles tienen un uso económico y violan el Plan de Ordenamiento Territorial, POT. Ello, acentúa el fenómeno expulsión de residentes, además, en contravía a los postulados de la UNESCO.

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