Por Danilo Contreras
Es larga y universal la polémica entre quienes abogan por mayor o menor intervención estatal, tanto en la teoría económica como en el terreno político. Tan vigente es, que los recientes comicios en Estados Unidos son prueba de ello. Allí, como en la Argentina de Milei, ha ganado Trump quien con la asesoría de magnate de las tecnologías Elon Musk, han propuesto desmantelar en buena medida el aparato estatal bajo el pretexto de la eficiencia.
Sin embargo, resulta paradójico que pese a ser enemigos de la función reguladora del Estado, tanto Milei como la particular dupla conformada por Trump y Musk, persigan con tanto tesón el poder del Estado. Es muy probable que sin el poder público Trump como Milei seguirían siendo entretenidos animadores de televisión, mientras Elon Musk, quizás, seguiría siendo un brillante pero menos peligroso emprendedor de las nuevas tecnologías.
Mi prescindible análisis de los hechos históricos me pone del lado de quienes consideran que la intervención del Estado es necesaria para aminorar las crueles consecuencias que suele tener el “capitalismo salvaje” e introducir un poco de justicia social y redistribuir de forma más o menos equitativa el bienestar en la sociedad. Las naciones más prósperas de la historia son consecuencia de las teorías de la intervención estatal y el Estado Bienestar.
Se sabe además, que las empresas Tesla, Solar City y Space X de propiedad de Musk, han recibido subvenciones del Estado gringo por más de US$4.900 millones, sin las cuales (dicen los entendidos), ninguno de tales emprendimientos existiría.
Pues bien, el vainazo a los regímenes que se abren paso en Estados Unidos y Argentina, sirve de introducción a temas que persistentemente han ocupado mis reflexiones en lo local.
Hace unos días el tema del mercado de Bazurto ha salido nuevamente a la palestra con la declaración del alcalde Turbay en la que anuncia que “el traslado de Bazurto debe ser financiado con recursos privados”, pues, agregó, el Distrito no cuenta con recursos con los cuales financiar el proyecto para concluir que se reuniría con vecinos del Barrio Martínez Martelo e inversionistas, bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio, a fin de tratar el tema.
Esta respetable visión del desarrollo encuentra varios inconvenientes que podrían impactar en la profundización de la desigualdad estructural que padece Cartagena y en la naturaleza de la reforma institucional que se propone el distrito.
Confieso que siempre me ha afectado observar la manera como se discrimina y estigmatiza a ciertos segmentos sociales en la ciudad, particularmente a la gente de Bazurto y a quienes no tienen otra alternativa económica que el comercio callejero que es buena parte de quienes viven del Mercado Público. Esa preocupación me llevó a dedicar más de una década de ejercicio profesional de abogado intentando que la persistente vulneración de derechos fundamentales de esta población cese. Quizás por eso me llama la atención que el tema del traslado se dialogue solo con “inversionistas” y Cámara de Comercio, excluyendo nuevamente a los directos afectados por el traslado de Bazurto, que es mayoritariamente, la gente humilde que ejerce el comercio popular.
El traslado de Bazurto se ha convertido en lugar común del cual todos los líderes hablan sin considerar que tal operación significa desarticular toda una economía de la cual devengan su sustento miles de familias pobres de Cartagena.
En su momento fue famoso el estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Bolívar en 2009, liderado por el fallecido ex alcalde José Enrique Rizo Pombo, en el que se sostenía que en Bazurto, diariamente, se realizan transacciones comerciales por valor de 2 millones de dólares, en tanto que se estimaba que allí generaban unos 35 mil empleos de los cuales 22 mil eran directos, 10 indirectos y 3 mil informales, y se destacaba el gran impacto que tiene el mercado en el abastecimiento de la ciudad pues allí convergen comerciantes mayoristas y minoristas y se surte gran parte de la población de estratos 1 y 2 de Cartagena.
Un asunto de tal magnitud no debe dejarse al arbitrio de los inversionistas, al menos no sin generar graves estragos a quienes constituyen ese complejo económico localizado en Bazurto.
Sugerimos que el señor alcalde recapitule sobre el tema y observe como los particulares han hecho fracasar los recientes esfuerzos para intentar una institucionalidad que oriente el traslado del Mercado. Me refiero puntualmente a la sociedad Mercabastos que visionó el traslado como un proyecto inmobiliario en el lote Doña Manuela, ubicado en la Carretera La Cordialidad, justo frente al barrio el Pozón, en el que pretendían hacer un gran negociado vendiéndoles bodegas y locales a los pequeños comerciantes de víveres de Bazurto que a duras penas subsisten, en un predio que prácticamente les regaló Corvivienda a “los inversionistas particulares” en una dudosa operación mercantil a la que pocos han puesto atención.
Lo cierto es que los casos de éxito de sistemas de abastecimiento en el país, muestran que el Estado ha jugado un papel importante en la estructuración de canales de comercialización de la cadena alimentaria. Así, sabemos por datos que manejamos en el año 2015, que en Corabastos – Bogotá la participación pública alcanzó 48%, mientras que en Centro Abastos – Bucaramanga, la inversión del Estado era de 49.3% y en Granabastos Barranquilla llegó a ser del 69%. Entiendo que tales porcentajes han decrecido luego de la consolidación de dichos proyectos.
En la ciudad fantástica a la que todos cantamos, subsiste el rostro patético y triste de quienes sufren hambre con tasas de mortalidad infantil por desnutrición de 2.5 muertes de niños menores de 5 años por cada cien mil, mientras más de 137 mil paisanos viven en miseria. Entonces resulta claro que el traslado de Bazurto que es la despensa alimentaria de la región, no puede dejarse al capricho de los privados, sino, por el contrario, el asunto debe ser materia de una política seria de seguridad alimentaria; y una política de tal naturaleza debe concebir los ejes de disponibilidad y acceso cercano y a precios justos de los alimentos.
En Bogotá, por ejemplo, existe 19 plazas de mercados públicos administradas por el Instituto para la Economía Social – IPES, una entidad con buenos resultados que fomenta alternativas productivas a la población de la economía popular. En Cartagena la política de mercados públicos es despreciada y subvalorada.
En su momento propusimos la creación de una entidad descentralizada en la que se unieran el capital público y privado para potenciar la cadena agroalimentaria con perspectiva regional, no por capricho personal sino por un análisis ponderado de costo/beneficio. Tal propuesta fue desvirtuada en la administración del alcalde Dionisio Vélez, de lo cual dejo constancia el fallecido Carlos Villalba Bustillo en un par de columnas tituladas “El Abasto” y “Y Alex, tan contento”, que invito a releer (https://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/2012/05/27/el-abasto/, https://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/2012/05/27/el-abasto/)
