En Turbana, Bolívar, campesinos denunciaron que el empresario antioqueño Jhon Villamizar aseguró públicamente que “ahora tenía un presidente que lo respaldaba”, en referencia a Abelardo de la Espriella, y que por ello recuperaría las tierras de la finca Cachenche. La afirmación generó preocupación en la comunidad, dado que Villamizar enfrenta un proceso en la Fiscalía tras ser señalado por un testigo de presuntamente haber participado en la planeación de un atentado contra Erick Urueta, Enaldo Tovar y Héctor Pérez.
Ante este panorama, líderes locales y organizaciones sociales hicieron un llamado urgente a las autoridades nacionales e internacionales para garantizar la transparencia de las investigaciones y la protección de las personas mencionadas en el caso. Subrayaron que el respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales es fundamental para evitar que la tensión por la disputa de tierras escale y afecte la seguridad en la región.
La situación en Cachenche no solo refleja una disputa por tierras, sino también la tensión que puede generarse cuando actores con poder económico o político hacen declaraciones que ponen en duda la imparcialidad institucional. Por eso, la comunidad insiste en que este caso sea seguido de cerca por organismos nacionales e internacionales, con el fin de evitar que se repitan episodios de intimidación o violencia en la región.
En este contexto, la voz de los campesinos cobra especial relevancia: ellos son quienes viven día a día las consecuencias de estas disputas y quienes más necesitan garantías de seguridad y justicia. La transparencia en las investigaciones y la protección de los líderes sociales no son solo un deber legal, sino una condición indispensable para preservar la paz y la confianza en las instituciones en Bolívar.
