Hace dos años, las empresas Afinia y Aguas de Cartagena encabezaban las quejas de los cartageneros por la deficiente prestación de sus servicios. Según la entonces personera delegada para servicios públicos, Rita López, se recibían entre 50 y 60 reclamos diarios, reflejo de una crisis que nunca encontró solución.
López, hoy pensionada, asegura que incluso en su casa continúa recepcionando quejas de ciudadanos inconformes, lo que evidencia que las compañías nunca se proyectaron para mejorar la calidad del servicio. A ello se suma que desde hace dos años se advertía sobre la llegada de una fuerte sequía por el fenómeno de El Niño, sin que se implementaran medidas de mitigación.
La responsabilidad hoy recae principalmente en los usuarios que padecen las consecuencias y no en las empresas que nada hicieron frente a la situación. Y surge entonces la gran pregunta: ¿dónde ha estado la Superintendencia de Servicios Públicos para proteger o amparar al usuario?
La situación refleja un problema estructural: las advertencias sobre el fenómeno de El Niño y sus efectos en el suministro de agua fueron ignoradas, lo que dejó a la ciudad expuesta a una crisis anunciada. La falta de inversión y planeación por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos se tradujo en un impacto directo sobre los usuarios, quienes terminaron asumiendo las consecuencias de la desidia institucional.
En este contexto, la ausencia de acciones contundentes por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos resulta aún más preocupante. La ciudadanía se pregunta dónde está el ente de control que debería velar por la calidad del servicio y garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones. La falta de respuestas oficiales mantiene abierta una herida que, dos años después, sigue afectando la vida cotidiana de los cartageneros.
¿Desde cuando se viene hablando de El Niño?
Colombia empezó a hablar con fuerza del fenómeno de El Niño desde mediados de 2025, cuando el IDEAM y la Organización Meteorológica Mundial advirtieron que se consolidaría entre junio y agosto de 2026 y afectaría gravemente la Costa Caribe. Las alertas oficiales se intensificaron en 2026, confirmando que el evento sería uno de los más fuertes desde 1950 y que sus efectos —sequías, calor extremo y escasez de agua— se prolongarían hasta 2027.
El IDEAM en 2025 2025 comenzó a advertir sobre el calentamiento anómalo del Pacífico y la posible llegada de El Niño. Estudios académicos señalaban que el país había vivido ocho episodios severos desde 1972, con pérdidas económicas superiores a USD 500 millones en algunos periodos.
