Las denuncias por corrupción en el sector no paran. El abogado y veedor ciudadano David López Romero, director ejecutivo de la Corporación Transparencia Estatal – Veeduría Nacional, presentó ante la Fiscalía General de la Nación un escrito en el que pide investigar los graves hechos revelados el pasado 5 de septiembre por la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga.
López solicitó que se reconstruya la cadena de decisiones administrativas, técnicas y contractuales que dieron origen a las irregularidades, y que se identifiquen los responsables. Además, pidió que su denuncia se acumule a las actuaciones ya existentes para evitar duplicidad de procesos, buscando ser reconocido como coadyuvante en el caso.
El abogado advirtió que, según la Procuraduría y la Contraloría, la intervención del anterior Gobierno a las principales EPS agravó los problemas en lugar de solucionarlos, por decisiones presuntamente erradas o dolosas. Entre los posibles delitos mencionados figuran peculado, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. López espera ser llamado a declarar y aportar pruebas que respalden las denuncias de la ministra, en un proceso que podría sacudir al sector salud y a la administración pública.
El escrito de López Romero también pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en el sector salud, un área que históricamente ha sido vulnerable a la corrupción. Su intervención busca que las investigaciones no se queden en denuncias aisladas, sino que se conviertan en procesos integrales capaces de identificar patrones de irregularidad y sancionar a quienes hayan actuado en detrimento de los recursos públicos.
De igual manera, el abogado subrayó que este caso no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también sociales y económicas, pues las decisiones erradas o dolosas afectan directamente la atención de millones de usuarios del sistema de salud. Por ello, insistió en que la Fiscalía debe actuar con celeridad y rigor, garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias legales y que se restablezca la confianza ciudadana en las instituciones.
