La ministra de las Culturas, Paola Holguín, defendió el retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional y cuestionó las protestas que se realizaron en Bogotá el fin de semana. Según ella, los manifestantes “revictimizaron” a las víctimas y usaron la cultura como herramienta de “apología del delito”. También respaldó la actuación de la Policía, que intervino para garantizar el orden y evitar daños al patrimonio.
Las piezas retiradas estaban en salas como Hacer sociedad y Memoria y Nación, y estaban relacionadas con movimientos feministas, LGBTIQ+, víctimas de la violencia política y el proceso de paz de 2016. Entre los objetos se encontraban la bandera del orgullo de la activista Elizabeth Castillo, un afiche de Bernardo Jaramillo Ossa y el “Balígrafo” usado en la firma del acuerdo con las Farc.
La decisión generó rechazo inmediato. Durante los plantones del 17 y 18 de octubre, manifestantes pegaron reproducciones de las obras retiradas en el espacio público como forma de resistencia. Además, seis museos de arte pidieron que las decisiones se basen en criterios curatoriales y diálogo con las comunidades, no en posturas políticas.
El debate enfrenta dos visiones: el Gobierno insiste en que los museos no deben ser instrumentos de adoctrinamiento ni difundir versiones sesgadas de la historia, mientras que el sector cultural reclama transparencia y representación de las distintas memorias sociales. La tensión también se trasladó al papel de la fuerza pública, cuya intervención fue criticada por algunos sectores.
Lo que aún no está claro es bajo qué criterios se evaluará cada pieza, qué procedimiento se siguió para retirarlas y si volverán a las salas. La controversia deja abierta la pregunta de fondo: ¿quién decide qué historia se cuenta en el Museo Nacional y cómo se garantiza que todas las voces de la sociedad colombiana estén representadas?
