Por Rodrigo Velásquez Ángel (*)
La delgada línea roja entre el desarrollo sostenible y las licencias sociales y ambientales
Este noviembre, los vecinos de Crespo tienen dos citas importantes. La primera es el martes 3: una reunión para conocer cómo será la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez, ese vecino antiguo y valioso para la ciudad, ruidoso, sí, pero con el que conviven desde hace décadas. La segunda es el lunes 30: una audiencia pública ambiental, donde podrán decir lo que piensan. Las dos serán a las 8:30 de la mañana en el Hotel Corales de Indias. Las convoca la ANLA, la entidad que otorga los permisos ambientales, y en ellas OINAC, la empresa que administra el aeropuerto presentará el proyecto.
Puede parecer un trámite más. No lo es. En esas sillas se juega algo que el país entero está tratando de resolver: cómo hacer que las obras avancen sin pasar por encima de nadie, y cómo escuchar a la gente sin que todo se quede quieto para siempre. Es una línea delgada, casi invisible. A un lado está el equilibrio; al otro, la parálisis.
Lo que cambió en octubre
Hace pocos días, el Gobierno movió las fichas. El 14 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella firmó una directiva, es decir, una orden para las entidades del Estado, sobre la consulta previa. Esa consulta es el derecho que tienen los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y rom a ser escuchados antes de que una obra o una decisión cambie su vida. La directiva no la elimina. Le pone orden: etapas claras, fechas y responsables.
También quita una regla que, en la práctica, dejaba los desacuerdos abiertos sin fecha de cierre, y advierte que consultar no es negociar dinero. El ex ministro del Interior, Rodrigo Lara, lo dijo en pocas palabras: «La consulta previa se respeta. El represamiento, no». Represamiento es la palabra técnica para algo muy sencillo: proyectos que esperan años en un cajón mientras nadie decide.
Para mostrar el tamaño del problema, la cartera del Interior dimensionó un caso. Sirius, un proyecto energético en el Caribe, acumula 280 consultas repartidas entre más de 150 contratistas, sin un expediente en orden. Así nadie gana. No gana la comunidad, que espera respuestas; no gana la empresa, que espera decisiones; y no gana el país, que espera el gas. Y el día en que falte, cuando la estufa no prenda o no haya gas para el transporte, llegarán los reclamos de por qué no lo hay. Es la serpiente de la parálisis, que se muerde la cola.
Tres fuerzas que tiran distinto
En 1987, una comisión de Naciones Unidas presidida por la noruega Gro Harlem Brundtland propuso una idea que sigue vigente y que, en esencia, dice que el desarrollo sostenible es el que resuelve las necesidades de hoy sin quitarles a nuestros hijos y nietos la posibilidad de resolver las suyas. Dicho de otra manera, progresar sin hipotecar el futuro. Brundtland no dijo que había que dejar de progresar ni detener el desarrollo. Dijo que había que hacerlo bien.
Para lograrlo hay que equilibrar tres fuerzas que rara vez tiran hacia el mismo lado: la economía, la gente y la naturaleza. Si solo se piensa en la economía, el costo lo pagan el barrio y el ecosistema, y tarde o temprano el conflicto frena la obra. Si solo se piensa en lo social o en lo ambiental, la obra nunca arranca, y se pierden el empleo y los servicios que habría traído. Cuando las tres se equilibran, el círculo se vuelve virtuoso.
Sentarse a la mesa
Lo he visto en mi trabajo en sostenibilidad y comunicación estratégica. Antes de sentarse a la mesa, cada actor llega con sus resistencias: la comunidad desconfía de la empresa, la empresa teme a la comunidad y el Estado duda de ambos. Pero cuando se sientan todos, y no solo ellos, sino también el sector productivo, las universidades y los colegios, en lugar de resistencias aparecen sinergias. Y las cosas terminan funcionando mucho mejor de lo que cualquiera imaginó.
En Crespo, esa mesa tiene mucho que ofrecer. Los vecinos deberían ser los primeros interesados en la obra, porque de ahí puede salir mano de obra local, mejores entradas y salidas para el barrio, y un plan para proteger su entorno y su vida cultural frente a lo que viene. Según la Agencia Nacional de Infraestructura, el aeropuerto pasará de recibir 7 a 11 millones de pasajeros al año. Es mucha gente nueva caminando cerca de casa. Mejor prepararse juntos que enterarse tarde.
Ahí entran los demás invitados. Si las instituciones de formación preparan desde ya a los jóvenes del barrio para los empleos de la obra y del aeropuerto, y si los comerciantes saben con tiempo cuántos visitantes llegarán y por dónde pasarán, la ampliación deja de ser algo que le pasa a Crespo y se convierte en algo que Crespo aprovecha.
Lo que se decide en Crespo
Conviene aclarar algo. Para ampliar el Rafael Núñez no hace falta una consulta previa. En septiembre de 2025, el Ministerio del Interior visitó la zona por orden de un tribunal y concluyó que las obras se quedan dentro del aeropuerto y no tocan el agua ni la pesca de La Boquilla. Lo que sí hace falta es ajustar el permiso ambiental del aeropuerto, y por eso viene la audiencia. En el fondo, sin embargo, se trata de lo mismo: sentarse con quienes viven al lado.
La audiencia no decide nada; así la diseñó la ley. Sirve para que la autoridad escuche, reciba documentos y tome nota. Por eso lo más importante no es lo que se diga ese día, sino lo que pase después. Las preocupaciones están sobre la mesa desde hace rato: el ruido, la movilidad del barrio, la Ciénaga de la Virgen. No son caprichos. En 2025, la ANLA frenó el trámite porque faltaba un acto del Ministerio de Ambiente sobre las áreas de manglar.
Cartagena tiene cerca ejemplos de lo que puede lograr una obra bien llevada. En 2024, El Dorado de Bogotá fue el aeropuerto con más pasajeros y más carga de América Latina, y la ciudad empezó a verlo como una puerta para el turismo y los negocios. Aquí mismo, el Gran Malecón del Mar está cambiando el borde norte, entre Playa Azul y La Tenaza, justo al lado de Crespo.
Mientras tanto, en Bayunca se proyecta otro aeropuerto, más grande y lejos del casco urbano, que ya pasó por la discusión de una consulta con la comunidad zenú. Los dos proyectos no deberían competir, sino complementarse, con roles diferenciados que generen ventajas competitivas para Cartagena, Bolívar y Colombia. Y deberían aprender uno del otro a conversar con sus vecinos, incluidos los pescadores que viven de la ciénaga y del mar.
Resistentes al agua
Ahora, la provocación. No se puede ser resistente al cambio en una época en la que todo cambia. Si está lloviendo, no tiene sentido ser resistentes al agua. Si uno se mete a una piscina, no puede pretender salir seco. Una persona, una comunidad o una ciudad que se resiste a todo, cuando todo se mueve, termina sola en la orilla, viendo pasar el río.
Pero hay que decirlo con justicia: la resistencia casi nunca nace del capricho. Nace de promesas que no se cumplieron, de obras que llegaron sin avisar y de compensaciones que nadie vio. La gente no necesita que le pidan fe. Necesita razones para confiar, y que esas razones se puedan comprobar con hechos, sin agendas ocultas. La transparencia y la claridad en la comunicación y en el proceder de funcionarios e instituciones reducen las resistencias y aumentan la credibilidad.
Cuentas claras
Hoy eso es más fácil que nunca. La misma directiva de octubre pide que la tecnología se ponga al servicio de la consulta, que las entidades compartan sus datos y que cada proceso se pueda seguir. No se trata de entregarle el asunto a la inteligencia artificial. Se trata de usarla para cruzar información y mostrarla con claridad, de modo que cualquier vecino pueda ver qué se prometió, quién responde y para cuándo.
La receta es sencilla de decir: información antes de la reunión, compromisos por escrito, seguimiento con fechas y resultados que cualquiera pueda verificar. Con eso, la ley deja de ser un obstáculo y se vuelve un camino. Y la licencia social no se convierte en un peaje social.
Un gobierno que dice trabajar para que las personas tengan más oportunidades tiene aquí una buena prueba. Si lo primero es la gente, el orden importa: primero se informa, luego se escucha, después se decide y siempre se rinden cuentas.
El 30 de noviembre habrá sillas ocupadas en el Corales de Indias. Ojalá los vecinos de Crespo lleguen con sus preguntas y salgan con compromisos. Detrás de cada cambio hay una oportunidad, y esta tiene alas.
Si se deja pasar, la serpiente volverá a morderse la cola. Llegará el día en que los vuelos no quepan, en que los pasajeros hagan fila donde no hay espacio y se lleven una pésima primera o última imagen de la ciudad, y en que los visitantes escojan otro destino. Un aeropuerto es la puerta de entrada de millones de personas al año, y los primeros beneficiados de que esa puerta esté a la altura serán Crespo, Cartagena, Bolívar y Colombia. Entonces vendrán los reclamos de por qué Cartagena no tiene el aeropuerto que necesita, igual que se reclamará por el gas que no llegue.
La línea roja que separa a unos de otros no es un muro. Es la elección entre equilibrio y parálisis.
(*) Rodrigo Velásquez Ángel es consultor en estrategia y sostenibilidad, ejecutivo cultural, docente universitario y dramaturgo, con más de 30 años de experiencia dirigiendo y asesorando a organizaciones públicas, privadas y sociales. Magíster en Asuntos Internacionales y comunicador social de la Universidad Externado de Colombia.
