La contratación de vigilancia en la localidad de Kennedy vuelve a estar bajo la lupa. La Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico de la Personería de Bogotá ordenó la suspensión provisional, por tres meses y sin derecho a remuneración, de Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de Kennedy, al considerar que existe riesgo de que se repitan presuntas irregularidades detectadas en varios procesos contractuales.
La decisión se sustenta en cuestionamientos relacionados con la planeación, ejecución y supervisión de contratos financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, cuyos hallazgos han encendido las alarmas de los organismos de control.
Uno de los casos más sensibles corresponde al contrato CCB-759-2025. Según la investigación, este proceso habría presentado serias inconsistencias durante su ejecución, entre ellas cinco prórrogas consecutivas que extendieron la prestación del servicio hasta septiembre de 2026. A esto se suma la reducción de los puestos de vigilancia, que pasaron de 15 a apenas 3, una modificación que, al parecer, no estuvo respaldada por estudios técnicos ni por una justificación suficiente.
La Personería también puso la lupa sobre el contrato CPS-966-2026, suscrito con la firma TOP GUARD LTDA. tras el proceso de mínima cuantía FDLK-MC-004-2026. En este caso, las observaciones apuntan a presuntas deficiencias en la etapa de planeación, un aspecto clave para garantizar la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
Las dudas sobre la gestión contractual se extienden además a la licitación pública FDLK-LP-001-2026, que terminó siendo declarada desierta debido a fallas en la metodología utilizada para evaluar las propuestas económicas. Para el organismo de control, este hecho evidenciaría problemas estructurales en la preparación del proceso y habría retrasado la contratación de un servicio esencial para la seguridad de los bienes públicos.
La vinculación de Prieto Tristancho a la investigación está relacionada con las funciones que ejerció como ordenador del gasto y supervisor durante su encargo, responsabilidades desde las cuales habría tenido incidencia directa en las decisiones que hoy son objeto de cuestionamiento disciplinario.
Aunque la suspensión no constituye una sanción definitiva, sí representa una medida preventiva contundente mientras avanzan las investigaciones. El caso reabre el debate sobre la calidad de la planeación contractual en las alcaldías locales de Bogotá y sobre los controles necesarios para evitar que recursos públicos terminen comprometidos por decisiones que, según la Personería, podrían haber estado marcadas por graves fallas administrativas.
