Adquirir un arma en Colombia y lograr un salvoconducto para portarla, ha sido por siempre y desde siempre, uno de los trámites más difíciles del país, sobre todo y quizá este es el quid del asunto, porque se trata de un trámite ante militares, personas de órdenes perentorias y sonoras y de pocas explicaciones. En mis tiempos, recuerdo que alcancé a llenar treinta y dos requisitos, incluyendo fotos del arma y un complicado examen de toda una mañana en un centro especializado. Este es un largo proceso que casi nadie completa después de varios meses de idas y venidas.
Contrario sensu, un delincuente adquiere el arma en el mercado negro y, si tiene el dinero para pagarla, de inmediato sale con ella a delinquir. Nadie sabe que tiene esta arma, no debe renovar el salvoconducto cada tres años, que es otro trámite tan complejo y costoso como el de adquisición inicial del arma y, si no lo capturan portándola, la tendrá sin ningún control todo el tiempo que quiera.
En nuestro país el porte legal, a pesar de lo difícil del trámite, operaba sin contratiempos, hasta cuando el presidente Santos entusiasmado con los resultados de su proceso de paz, decidió que desarmar a la población civil, sería una buena señal y un buen símbolo que complementaría, la entrega de armas por partes de la guerrilla acogida a la paz, armas que en teoría fueron fundidas y convertidas en monumentos.
El desarme de la población civil se gestionó a través de la suspensión de los salvoconductos de porte, para quienes tenían armas adquiridas legalmente y por lo tanto controladas por el Estado. Los bandidos, que tenían armas ilegales sin control alguno, siguieron manteniéndolas y usándolas, ahora con mayor tranquilidad ya que las víctimas que pudieran haberse defendido, habían sido desarmadas por el gobierno.
Esta dicotomía de desarmar a los buenos y dejar armados a los malos, bajo el noble objetivo de la paz, se convirtió quizá en el más amargo debate que han sostenido los colombianos en la última década. De nada valieron las miles de toneladas de papel escrito, para tratar de convencer al Estado de semejante desatino. Los foros y conversatorios suscitados para analizar el despropósito, corrieron la misma suerte de los demás foros y conversatorios: no sirvieron para nada.
Se llegó al extremo de que el estado exigía y cobraba por la revalidación del salvoconducto de porte, cuando el porte estaba suspendido. Y como si fuera poco, hecha la regla hecha la trampa, de inmediato surgió la posibilidad de un permiso especial, altamente costoso y de muchas recomendaciones, que le hacía un esguince al decreto de suspensión. Todo esto explica el beneplácito demostrado por los ciudadanos, al escuchar que se derogó el decreto de suspensión y que jamás contribuyó a la tan anhelada paz.
