Después de cinco años y cinco meses de espera, la Fiscalía 40 Seccional de Cartagena decidió archivar la denuncia que investigaba a la Concesión Vial de Cartagena S.A. por permitir que 24 particulares ejercieran funciones propias de la policía de tránsito sin convenio vigente con el DATT. El caso, radicado en enero de 2021, quedó cerrado el pasado 30 de junio de 2026 por “atipicidad”, pese a que nunca se individualizó ni interrogó a los presuntos responsables.
La Veeduría Ciudadana a la Rama Judicial de Cartagena (VEJUCA), presidida por el abogado y defensor de derechos humanos Erick José Urueta Benavides, presentó oposición formal al archivo. La organización advierte que la decisión legitima que particulares ejerzan funciones públicas sin autorización legal y anuncia que, de no reanudarse la investigación, acudirá ante el Juez Penal Municipal con función de Control de Garantías.
Los hechos denunciados se remontan a 2020 y 2021, cuando en los peajes de Manga y Ceballos un grupo de reguladores privados portaba uniformes, cascos, chalecos, insignias y radios oficiales, dirigiendo el tránsito y amenazando con imponer comparendos sin respaldo legal. El propio gerente de la concesión reconoció públicamente que diseñaron el uniforme para dar “investidura de respeto”, confesión que hoy es prueba clave.
La oposición de VEJUCA señala errores graves en el archivo: confundir la falta de identificación de los autores con la atipicidad de la conducta, ignorar pruebas documentales que desmienten la supuesta cobertura contractual, omitir el inciso del Código Penal que sanciona el uso ilícito de uniformes, y descartar el concierto para delinquir pese a la actuación coordinada de 25 personas durante más de un año.
Además, se denuncia la violación del plazo razonable: más de cinco años de indagación sin avances sustanciales, con un interrogatorio al principal indiciado realizado apenas en mayo de 2025. VEJUCA también cuestiona el uso indebido del principio de mínima intervención penal y la falta de garantías previas al archivo, contrarias a la jurisprudencia constitucional.
La veeduría solicita revocar el archivo y reanudar la investigación con actos concretos: individualizar e interrogar a los 24 reguladores, inspeccionar la sede de la concesión y los peajes, y auditar la facturación. En subsidio, anuncia que acudirá al juez de garantías y compulsará copias a la Procuraduría y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar. “Si esto queda impune, mañana cualquier concesionaria puede armar su propia policía de tránsito paralela”, advirtió Urueta, reafirmando que la ciudadanía no permitirá que la justicia se archive junto con la investigación.
En conclusión, el caso de los presuntos “policías de tránsito privados” en Cartagena refleja una grave falla institucional: más de cinco años de indagación sin resultados efectivos y un archivo que, según VEJUCA, confunde problemas probatorios con atipicidad de la conducta. La oposición presentada busca evitar que se legitime la usurpación de funciones públicas y advierte que, de mantenerse el cierre, se acudirá a instancias judiciales y disciplinarias superiores. El mensaje es claro: la ciudadanía no permitirá que la justicia se archive junto con la investigación, porque lo que está en juego es la garantía de que el ejercicio de la autoridad pública no quede en manos de particulares sin respaldo legal.
